PUEBLO WOARANI PROTESTÓ CONTRA LA EXTRACCIÓN PETROLERA.

Unos 300 indígenas de la Amazonía ecuatoriana, ataviados con tocados de plumas, el rostro pintado y algunos portando lanzas de madera, reclamaron en Quito su derecho a oponerse a la explotación petrolífera en sus territorios ancestrales, en medio de la selva.

El grupo llegó frente del Ministerio de Hidrocarburos para exigir que cesen nuevas propuestas extractivas y que previo a cualquier actividad sus pueblos sean consultados como manda la constitución.

La lideresa del pueblo waorani, Nemonte Nenkimo, dijo: “queremos decir al ministro que respeto nuestro derecho a la vida porque la selva es nuestra casa, nuestro territorio es vida, nosotros no queremos petróleo, queremos vida”. Añadió que “no vamos a permitir que saquen petróleo, eso solo sirve para contaminar el río y la selva”.

Ni el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez García, ni otras autoridades recibieron al grupo, que se apostó en la calle para pronunciarse contra la actividad extractiva.

El petróleo, cuya explotación empezó en 1970, es el principal producto de exportación de Ecuador y suministra a las arcas fiscales alrededor del 30% del total de los ingresos, pero con frecuencia las comunidades que viven cerca de los yacimientos se quejan de contaminación y problemas de salud generados por esta actividad.

El dirigente de Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía, Jaime Vargas, afirmó que “si tenemos que ir presos mañana por manifestar o por cerrar las vías, estamos dispuestos. Tenemos el derecho constitucional de la resistencia y lo estamos utilizando. Los corruptos deberían estar en la cárcel, no los que defendemos a la naturaleza y la vida”.

Entre quienes llegaron están habitantes de pueblos como zapara, shuar, shiwiar, kichua, kofán, sinangoea, que viven en los bosques amazónicos de las provincias de Pastaza, Napo y Morona Santiago, que han convivido las últimas décadas con la actividades petrolífera.

La protesta se produce luego de que a finales de abril se registrara un fallo de un juzgado de primera instancia que reconoció la vulneración de derechos constitucionales cuando el gobierno no pidió autorización a los indígenas antes de empezar cualquier actividad petrolífera en suelo waorani.

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