La ceremonia de posesión de los nuevos ministros de Estado, realizada ayer en el Salón Amarillo del Palacio de Carondelet, terminó con un anuncio sorpresivo del presidente de la República, Lenín Moreno.
Cuando el acto estaba por concluir, el Primer Mandatario informó que había decido “liberar” de las funciones que venía cumpliendo María Alejandra Vicuña como Vicepresidenta. Moreno explicó que esto lo hacía para que ella “pueda ejercer sin interferencia de ningún tipo su derecho a una legítima defensa”, frente a las acusaciones que se vierten en su contra, por supuestos cobros indebidos cuando se desempeñaba como asambleísta, hace seis años.
A su vez, comunicó que esas tareas las encargaba al flamante secretario general de la Presidencia, José Agusto Briones. “Que el tiempo y los recursos siempre estén destinados a un solo objetivo: servir a los ecuatorianos, trabajando por el bien común”, añadió. Una media hora después de ese anuncio, Vicuña divulgó una carta en redes sociales. Ahí señaló que había solicitado al Jefe de Estado una licencia sin remuneración hasta el próximo lunes 31 de diciembre, para defenderse y no afectar a la gestión del Gobierno. “Estimado Presidente.
El proceso de legítima defensa que debo sostener en la Fiscalía General del Estado, por investigaciones motivadas por denuncias que se difundieron sin contraste alguno en un medio de comunicación y con evidente malicia la semana pasada, me obliga a planificar mi legítima defensa con mi equipo jurídico”, indica la misiva. La Presidencia de la República informó que ese pedido de Vicuña debe ser remitido a la Asamblea Nacional. La ministra del Interior, María Paula Romo, y el secretario particular del Primer Mandatario, Juan Sebastián Roldán, son colaboradores cercanos de Moreno y le venían pidiendo que tomara una decisión en ese sentido.
Vicuña presidía del Comité de Reconstrucción de Manabí y Esmeraldas (por el terremoto del 2016), también dirigía el Comité de Economía Popular y Solidaria, y era la titular de la Coordinación con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Además, estaba encargada de la articulación del mandato ciudadano expresado en la consulta popular. La ministra María Paula Romo ratificó ayer que Vicuña mantiene su cargo de Vicepresidenta de la República. “Sigue como Vicepresidenta. Sus tareas han sido delegadas al Secretario General de la Administración, para que pueda dedicar todo su tiempo y esfuerzo a su defensa”, insistió.
El constitucionalista Ismael Quintana, de su lado, recordó que la Carta Magna -en su artículo 149- establece que la Vicepresidenta cuando no subrogue al Presidente, ejercerá las funciones que este le asigne. “Del mismo modo que el Mandatario le asigna funciones, se las puede retirar, darle nuevas o reemplazarlas”, subrayó. El experto indicó que Vicuña, si así lo considera, puede asistir libremente a su despacho en la Vicepresidencia. Pero añadió que si Moreno eventualmente se ausenta del cargo, debe subrogarle la Vicepresidenta, según el mandato constitucional.
La Fiscalía General del Estado tiene abierta en contra de la Vicepresidenta una investigación previa, luego de que hace una semana se hiciera pública una declaración juramentada de Ángel Sagbay, un exasesor de Vicuña que la acusa de haberle descontado entre 300 y 1 400 mensuales cuando trabajaba con ella en la Asamblea. Para ayer estaba previsto que Sagbay rindiera su versión libre, voluntaria y sin juramento en esa institución, pero la diligencia se postergó para mañana, a las 15:00.
En la Fiscalía se conoció que Vicuña había solicitado, el viernes anterior, que se difieran las comparecencias, con el argumento de que ella tenía que cumplir otra diligencia judicial de la que no trascendieron detalles. Las explicaciones las dio el político Andrés Páez. Él se presentó para reconocer su rúbrica en la denuncia que impulsa contra la Segunda Mandataria por los supuestos delitos de concusión y tráfico de influencias. Mientras tanto, en la Asamblea, Fabricio Villamar (Creo) manifestó que espera sumar el respaldo del grupo correísta para presentar una solicitud de juicio político en contra de Alejandra Vicuña.
La semana pasada, con 77 votos de 102 asambleístas presentes en el Pleno se aprobó una resolución con la que la Función Legislativa exige la renuncia de la Vicepresidenta. Vicuña fue designada en este cargo el 6 de enero pasado por el Pleno, tras la destitución de Jorge Glas, sentenciado a seis años de cárcel por la trama de corrupción relacionada con la constructora Odebrecht. La situación que afronta la Vicepresidenta puso en evidencia vacíos legales en el control a los fondos que entregan los militantes a las organizaciones políticas.
Geovanny Macías, director de la Alianza Bolivariana Alfarista (ABA), en Guayas, movimiento al que Vicuña pertenece, explicó que en cada territorio hay un líder que se encarga de recibir los aportes para el movimiento. “Cada cantón se administra independientemente, no hay una tesorería, hay aportes voluntarios (…) Los líderes de cantones y parroquias financian actividades con aportes de sus militantes. Hay un líder que se encarga de recibir los aportes”. Tal como lo ha explicado Vicuña, Macías justificó que los líderes de ABA en cada territorio reciban los aportes porque “no tenemos cuenta propia” al ser un movimiento de hecho y no de derecho. “Gran parte de nuestros aportes van a AP”.
