PRESIDENTE ELECTO DE ARGENTINA SE LA JUEGA POR LA LEGALIZACIÓN DEL ABORTO EN ARGENTINA.

El presidente electo se reúne con una mujer encarcelada por un caso espontáneo y anuncia que enviará una ley al Congreso.

El próximo 10 de diciembre, Alberto Fernández se convertirá en el primer presidente en ejercicio en Argentina en haber respaldado públicamente la legalización del aborto. El mandatario electo ha anticipado que enviará al Congreso un proyecto destinado a enterrar la legislación actual, que castiga con penas de hasta cuatro años a las mujeres que interrumpen su embarazo, excepto en casos de violación o de riesgo para la gestante.

“Es un problema de salud pública que debemos resolver”, señaló Fernández al hacer el anuncio. El apoyo presidencial ha reavivado las esperanzas entre los partidarios de la legalización. Confían en que permita revertir la derrota legislativa de 2018, cuando el Senado rechazó la iniciativa de la Campaña por el aborto legal, seguro y gratuito que había sido aprobada por la Cámara de Diputados.

“Debemos respetar tanto a la mujer que siente que es un derecho sobre su cuerpo como a la mujer que siente que Dios no le permite hacerlo. Y cuando uno despenaliza y legaliza el aborto no lo hace obligatorio. Por lo tanto, el que sigue teniendo la convicción de que Dios no lo permite que no lo haga. Y respetémoslo. Y respetemos a los otros”, declaró Fernández en una entrevista con Página 12. Su postura se desmarca de la de Mauricio Macri, quien habilitó por primera vez el debate parlamentario pero se expresó en contra.

KIRCHNER, DE OPOSITORA A PARTIDARIA.

Cuando el 10 de diciembre se renueven las cámaras, el Senado quedará presidido por Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta electa. Kirchner se opuso al aborto cuando era mandataria (2007-2015) pero en 2018, como senadora, votó a favor de la legalización.

Desde su victoria en las urnas, el pasado 27 de octubre, Fernández ha tenido también otros gestos que reafirman su apoyo al aborto legal, una de las banderas del feminismo argentino. El más claro fue su asistencia a la presentación de Somos Belén (Planeta), el libro de Ana Correa que reconstruye la historia de una mujer que permaneció 29 meses encarcelada por un aborto espontáneo. Con la charla ya avanzada, Fernández se sentó en la primera fila del salón de actos de la Facultad de Derecho de Buenos Aires. La multitud presente, en su mayoría políticas, escritoras, actrices, estudiantes y activistas, aplaudió al líder peronista cuando subió al escenario para denunciar que la ley vigente sobre el aborto, que se remonta a 1921, “es un hecho que debe darnos vergüenza como sociedad”.

La protagonista de la historia contada esa tarde es una argentina de 29 años que mantiene en reserva su verdadera identidad. Estuvo en la presentación, pero pasó desapercibida ante los medios. Allí le hizo llegar un pañuelo verde a Fernández firmado por Belén, el apodo por el que se la conoce desde que su causa saltó a la luz, en 2016, cuando llevaba dos años encarcelada. Después, tuvieron una charla breve. “No sé bien qué hablaron pero sí que ella le pidió ayuda para que el aborto sea legal. Los vi abrazarse y los dos estaban muy emocionados”, cuenta Correa.

“Me parece que es un signo enorme que un presidente acceda a hablar con una víctima de la legislación del aborto”, sostiene la escritora que ha relatado el calvario de esta mujer que en 2014 ingresó de urgencias en un hospital de Tucumán por un aborto espontáneo, pero salió esposada y acusada de haberse deshecho del feto en un baño del hospital. Fue condenada a ocho años de cárcel por homicidio agravado por el vínculo pero, cumplido un tercio de su pena, en medio de marchas a favor de su liberación y con una nueva defensa, la Corte Suprema provincial la absolvió.

“El año pasado, durante el debate en el Senado, muchos senadores decían que no había mujeres presas en Argentina por aborto y que no era necesario porque ya estaba despenalizado de hecho. Cuando se perdió la votación, nos quedamos con una enorme frustración y a mí me quedó dando vueltas en la cabeza cómo podían haber faltado a la verdad”, cuenta Correa sobre el germen del libro.

“No se sabe si hay mujeres presas por aborto”, asegura Correa. De existir estadísticas, el caso de Belén, condenada por homicidio y no por aborto, habría pasado desapercibido. Lo mismo el de Patricia Solorza, una bonaerense que abortó a los cinco meses, fue condenada por homicidio y falleció en la cárcel el pasado agosto. La Comisión de Género de la Defensoría General de la Nación intentó reunir provincia por provincia los datos sobre causas abiertas en Argentina por este delito en todo el país. Fueron al menos 167 entre 2011 y 2016, pero faltan las cifras de algunas de las provincias más conservadoras, como Salta y Tucumán, que no entregaron estadísticas.

“Las mujeres que están procesadas por aborto, aunque no tengan una condena, no logran el sobreseimiento y ese proceso opera como una pena”, asegura la abogada tucumana Soledad Deza, quien asumió la defensa de Belén. La mayoría son mujeres pobres, sin recursos económicos ni información para acceder a un aborto seguro, que al sufrir complicaciones tras una interrupción de embarazo terminan perseguidas judicialmente. Otras sólo recurren al hospital cuando es demasiado tarde. En 2017, último con cifras oficiales, 30 mujeres murieron por abortos.

Si Fernández envía al Congreso la ley anunciada, el movimiento feminista volverá a presionar en calles y despachos para su aprobación, pero la Iglesia católica y las evangélicas se movilizarán en sentido opuesto. El arzobispo de La Plata y hombre cercano al papa Francisco, Víctor Fernández, ha salido a cuestionar “si vale la pena comenzar su mandato con un tema que tanto divide a los argentinos y que tanta tensión ha provocado”. Por ahora, parece decidido a hacerlo.

GRIETA EN EL MACRISMO EN LA RECTA FINAL.

A tres semanas de terminar su mandato, el aborto ha reabierto las heridas internas en el Gobierno de Mauricio Macri. El desencadenante fue el protocolo publicado este miércoles en el Boletín Oficial que regula la atención a personas gestantes que quieran interrumpir su embarazo en los casos previstos por la ley, es decir, por violación y/o existencia de riesgo para la madre.

El protocolo no deja lugar a la interpretación de los médicos, como sí ocurría en el texto que reemplaza, de 2015. Define que entre el pedido de interrupción de embarazo y la intervención no pueden pasar más de diez días, que en los casos de violación es suficiente el consentimiento de la víctima y una declaración jurada y entierra la objeción de conciencia institucional tanto en centros públicos como privados.

Los sectores más conservadores del macrismo arremetieron contra el protocolo y contra su autor, el secretario de Salud, Adolfo Rubinstein. “Me parece lamentable y claramente inconstitucional la resolución del secretario de salud ampliando de manera irresponsable las causales de aborto no punible y limitando la objeción de conciencia médica”, tuiteó el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo.

Al conocerse que Macri se disponía a anular el protocolo, las críticas cambiaron de bando y diputados como Daniel Lipovetzsky subrayaron que “es un despropósito que aún haya provincias que no lo apliquen, permitiendo que mujeres violadas vuelvan a ser abusadas por el Estado al no garantizar un aborto legal”. Pese a lo anunciado, hoy no se publicó la derogación en el Boletín Oficial y el protocolo sigue vigente.

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