Ramiro García, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, consideró «suficiente» que el exjefe de Estado Rafael Correa se haya presentado ante el Consulado en Bélgica, a fin de «cumplir con la medida cautelar» solicitada por una jueza ecuatoriana.
Correa, que reside en Bélgica desde hace un año, se presentó en el Consulado de Ecuador en Bélgica como medida cautelar por su vinculación, para investigaciones, al caso de secuestro en 2012 del exasambleísta Fernando Balda en Colombia. «Desde mi punto de vista, esto es suficiente como para verificar el cumplimiento de lo ordenado por la jueza», dijo García al apuntar que «dentro de los criterios de racionalidad, no tiene sentido pedirle a una persona que recorra medio mundo para presentarse cinco minutos habiendo una delegación consular allá».
Por eso insistió en que el haber acudido al Consulado es «suficiente cumplimiento» de la orden de la jueza, por lo que opinó que «no cabe una prisión preventiva en este caso». En su opinión, la delegación consular puede levantar un acta certificando que Correa se ha presentado allí.
Apuntó que si una vez finalizada la instrucción fiscal se realiza la audiencia preparatoria de juicio y en ella se acusa por parte de Fiscalía y se decide por parte de la jueza llamarlo a juicio, Correa entonces sí deberá comparecer a la audiencia de juzgamiento.
Según García, en quince días terminará la instrucción fiscal, tras lo cual se convoca a una audiencia de formulación de dictamen, en la que el fiscal señalará si acusa o no, y la jueza, si lo llama o no a juicio. Para el presidente del Colegio de Abogados, no fue adecuada la decisión de la jueza de que Correa se presente ante la Corte Nacional de Justicia, en Quito.
«Creo que la jueza actuó bien al no dictar prisión preventiva y creo que, tanto en este caso como en todos los procesos, es necesario que se entienda que no es imprescindible dictar medidas cautelares» y que si se las dicta, «que sean de cumplimiento posible para los procesados», resaltó. Correa está presuntamente implicado en el secuestro de Balda en 2012 y la Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia en Quito ordenó al exgobernante comparecer cada 15 días ante la sede judicial como vinculado en la fase indagatoria del proceso que se sigue sobre el caso.
Fuente: eltelegrafo.ec
