Policía niega que tenga estructura dedicada a ilegalidades

El testimonio de un informante revela detalles de los campamentos, rutas de droga, logística y comunicaciones del Frente Oliver Sinisterra en la frontera entre Ecuador y Colombia. El proceso de evaluación a los policías que trabajaron en esa zona continúa. Familiares de las víctimas de la narcoguerrilla esperan a la CIDH.

Su nombre es reservado por la entidad, a la que le entregó datos reveladores sobre la narcoguerrilla que causa zozobra en la frontera colombo-ecuatoriana. Su testimonio, al que accedió este diario, cuenta que esta narcoguerrilla se inició en una reunión de los capos de la droga de Tumaco (Colombia).

A mediados de  2017, Jeferson Chávez Toro, conocido como “Cachi”, y su padre “Don Omar” contrataron a “Guacho” por su experiencia en el manejo de las milicias de las FARC.   Él fue jefe financiero y experto en explosivos  del grupo insurgente, antes de que firmara la paz con el presidente colombiano, Juan Manuel Santos. Pero “Guacho” escogió el camino de la violencia. El grupo delictivo pronto necesitó armamento para operar.

El investigador colombiano le pregunta: ¿de dónde es el origen de las armas que tiene actualmente el Frente Oliver Sinisterra? Y él responde que “compran a la Policía ecuatoriana”. Además, testificó que los cargamentos de armas se entregaban en Puerto Rico (Colombia) y en El Pan, pequeña población ecuatoriana en la ribera de la frontera binacional. Los pagos presuntamente los hacían directamente “Guacho” y “Cachi”.

En el testimonio no se identifica a los contactos ecuatorianos. Policía reacciona Frente a ello la Policía Nacional afirma en un comunicado: “Descartamos categóricamente que exista una estructura al interior de la Policía Nacional de Ecuador dedicada a actividades ilícitas”.

La institución recuerda que durante 80 años de vida la sociedad ha evidenciado su trabajo. Además que tiene sistemas de control que han detectado y judicializado actos de corrupción. Agrega que uno de los objetivos del crimen organizado es debilitar las instituciones del Estado y minar la confianza de la entidad. Por ello pide a las entidades judiciales que realicen una investigación y ofrece su colaboración para detectar un eventual caso aislado.

Fuente: eltelegrafo.com

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *