POLICÍA ABRE EXPEDIENTE PARA INVESTIGAR A AGENTES DE LA UPC DE POSORJA.

La actuación de los elementos policiales será investigada. El Ministerio del Interior confirmó ayer, jueves 18 de octubre del 2018, que se abrieron expedientes para determinar, por ejemplo, cómo y quién filmó a una mujer, antes de que la gente terminara con su vida.

En las imágenes, Jacqueline M., de 35 años, aparece sentada sobre una silla blanca. Explica sobre el incidente de la supuesta estafa a una mujer. Se la ve alterada y desmiente que haya intentado robar niños. “Yo soy madre, con la mano en el corazón lo digo, no sé por qué las señoras dicen eso. Mire cómo el pueblo se levanta”.

Eso dice la mujer. De fondo, se escucha una bulla que llega de la calle, se presume que es la gente que empezó a aglomerarse en los exteriores de la Unidad de Policía Comunitaria (UPC), la tarde del martes. Por redes sociales circularon también fotos de ella como de su pareja Ronald B., de 35, y su vecino Tonny P., de 44. Están tras una reja en el interior de la UPC de la comuna pesquera.

La ministra del Interior, María Paula Romo, informó ayer que se están haciendo investigaciones internas. Durante el velorio de la pareja, en el Suburbio oeste de Guayaquil, los familiares de las víctimas tenían preguntas. ¿Cómo y quién difundió esas imágenes? Siguen impactados con lo ocurrido en Posorja. Cecibel M., hermana de Jacqueline, y sus cinco sobrinos se enteraron a través de las redes sociales de la muerte. Los menores vieron cómo sus padres eran golpeados con piedras y palos hasta morir.

Según las autoridades, más de 2 000 personas se aglomeraron en los exteriores de la unidad policial, ubicada en el centro de la parroquia. Romo dijo el pasado miércoles que “un cuarto detenido” en la UPC fue escondido para evitar que sea linchado. Lo metieron debajo de una cama y lo taparon con colchones. Era un hombre capturado por un proceso de tránsito y tenía activada una boleta de captura en el Coca (Amazonía). La familia de las víctimas cuestiona por qué no se protegió a todos. “No hemos ido a la audiencia (de ocho detenidos en Posorja).

La forma en la que los mataron no tiene nombre. No tendremos tranquilidad ni paz así los detengan a todos”, dijo Cecibel M. Ayer en Guayaquil, la Ministra señaló que la Policía protegió a las cuatro personas que estaban detenidas en la unidad de Posorja y que a todos “se los intentó defender”. “Como conocen había una turba enardecida (…). Pero no es un problema de que la Policía trató o no de proteger a alguien.

La policía trató de defender a todos, evidentemente, y de imponer la calma y el resultado es lo que se conoce”. La gente de la parroquia los acusó de intentar secuestrar a niños. Ellos fueron apresados por agentes policiales a las 13:00 y trasladados hasta la unidad policial. A las 13:30, según el mayor Diego Castro, jefe del Distrito Posorja, se dio la primera alerta al sistema integrado ECU 911. También llegaron agentes de El Morro. Se reportaba una concentración de 200 personas.

Ante esto, acudió personal del cantón Playas, ubicado a 22 km de Posorja. A las 14:00, la alerta policial se extendió a la ciudad de Guayaquil y los primeros agentes acudieron. Según Castro, unos 10 militares de la base San Antonio, Playas, llegaron para ver el incidente y se retiraron. A las 16:40, dijo, un contingente de 36 marinos arribó desde la Base San Eduardo (Guayaquil). El linchamiento se produjo a las 16:30, según los policías. El Distrito Posorja solo tenía 18 policías. Romo admitió que no estaban preparados. “La UPC era una instalación que estaba preparada para atender las contingencias de un día normal. No estaba preparada para un linchamiento donde participaron 2 000 personas”. Según el director General de Operaciones de la Policía, Patricio Carrillo, no hay un manual para atender linchamientos.

Hay un instructivo para operaciones de mantenimiento del orden. El documento fechado del 2016 señala los protocolos para actuar en marchas, paros, huelgas, taponamientos y turbas. Los manuales no descartan el uso de elementos disuasivos no letales como gas lacrimógeno. Sin embargo, la UPC de la parroquia no contaba con eso y fue el personal de Guayaquil el que llegó e intentó disuadir con gases a la multitud.

Carrillo señaló que las operaciones en ambientes hostiles, con tensión extrema, requieren uso progresivo de la fuerza. “Se debe reaccionar rápido para controlar las masas a través del diálogo, procurando proteger los DD.HH.”, añadió. Para Billy Navarrete, secretario del Comité Permanente por la Defensa de los DD.HH., es la Policía la que debe responder qué pasó en las horas previas al linchamiento. Asegura que también es necesario verificar si hubo las alertas preventivas, para una movilización adecuada de refuerzos. “Debieron adelantarse. Anunciar lo que estaba en curso porque ya luego todo esfuerzo por parte de la Policía era inútil debido a la multitud”, asegura Navarrete ante las violencia desatada.

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