Pamela Martínez y Laura Terán, asesora y asistente de Presidencia, respectivamente, cumplen este 5 de noviembre seis meses de haber recibido orden de prisión preventiva dentro del caso antes conocido como Arroz Verde, hoy Sobornos 2012-2016, y enfrentarán la tarde de este martes una audiencia de revisión de medidas cautelares.
Para la defensa de Martínez, Adolfo Cadena, si se suma el tiempo que ha transcurrido en el caso para su cliente debería ya hablarse de una caducidad de la prisión preventiva, pues, a su decir, ya han transcurrido seis meses de la medida y no existe aún una sentencia en firme.
«Si ya caduca la prisión (preventiva), lo más obvio es que en audiencia (hoy) se cambie la medida cautelar por arresto domiciliario o cualquier otra medida sustitutiva», dijo.
La diligencia estará a cargo de la jueza de la Corte Nacional de Justicia, Daniella Camacho. Dentro del mismo caso, el 11 de noviembre próximo se reinstalará la audiencia preparatoria de juicio en la que se conocerá sí Camacho encontró o no vicios que afecten la validez de lo actuado en la causa.
El 5 de mayo pasado Martínez y Terán fueron acusadas de formar parte de una organización conformada por entonces funcionarios públicos y empresarios. Según Fiscalía, ambas habrían «administrado y movido fondos mediante un intrincado sistema de recaudación de dinero en efectivo y mediante cruce de facturas».
Las dos exfuncionarias públicas, quienes son procesadas desde el inicio de la causa por los delitos de cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias, son parte del programa de Víctimas y Testigos de Fiscalía. Debido a amenazas recibidas ambas permanecen con resguardo especial en la Casa de Confianza de Chillogallo, al sur de Quito, pero inicialmente estuvieron internadas en el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi.
Veintiséis días después de la formulación de cargos contra Terán y Martínez, el exsecretario Jurídico Alexis Mera y la exministra María Duarte fueron detenidos y procesados por el delito de concusión. Como elemento de acusación se presentó la pericia a un documento escrito por Martínez en el que se revelarían disposiciones de entrega y distribución de dinero a Mera y Duarte, así como a otras personas.
Para el 19 de junio pasado, Fiscalía reformuló cargos contra Mera y Duarte y pasó de investigarlos por el delito de concusión a hacerlo por cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias. Debido a que los hechos del caso Mera Duarte guardaban relación con la causa de Terán y Martínez ambos procesos se acumularon por orden judicial.
De cuatro procesados para junio pasado, el caso pasó a tener una lista de 26, al 8 de agosto último. Fiscalía vinculó a diez exfuncionarios públicos, entre los que resaltaban los nombres de los exmandatarios Rafael Correa y Jorge Glas; los exministros Vinicio Alvarado y Walter Solis; el exlegislador Christian Viteri y la asambleísta Viviana Bonilla.
Si en la reinstalación de la audiencia la jueza Camacho no encuentra vicios de procedimiento, procedibilidad y competencia que afecten al proceso, inmediatamente se instalará la fase preparatoria de juicio en la que se escuchará el dictamen de la fiscal general Diana Salazar respecto a 24 de los 26 procesados.
Al momento solo existen dictámenes abstentivos para Javier Noboa e ïtalo Centanaro.
FUENTE: DIARIO EL UNIVERSO.
