Reclaman al Gobierno del presidente Guillermo Lasso la satisfacción de sus necesidades. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y la Federación Nacional de Productores Bananeros del Ecuador (Fenabe) tienen diferentes pedidos, pero coinciden en que el diálogo ya no es una opción.
Su sector se reunió con el Ejecutivo el 4 de octubre y el 10 de noviembre de 2021 y planteó seis temas. “No resolvió ninguno y las demandas aumentan”, cuestiona. Pide que se congele el precio de combustibles: diésel en USD 1,50; extra y ecopaís en USD 2,10. Exige políticas públicas efectivas para frenar la inseguridad en el país.
La movilización esta prevista desde las 00:00 de este 13 de junio del 2022. Los puntos específicos de concentración en Quito se revelaron solo horas antes; Iza evitó hacerlo antes del domingo.
Dijo que son acciones territoriales y de carácter pacífico, pero que la medida será progresiva y no se descarta la llegada de las bases a Quito, además de impulsar la destitución de Lasso en el ámbito jurídico, según Iza. “Si el Presidente decide resolver de manera inmediata, entonces nos quedaremos tranquilos. Pero si decide no tomarnos en cuenta, pasará a otros niveles (la movilización)”, advierte.
La Conaie buscó el apoyo de la organización de los indígenas evangélicos del Ecuador (Feine), de la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas (Fenoc) y de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin). El presidente de esta última, Gary Espinoza, respalda el objetivo de unificar estrategias y demandas.
La respuesta de la Conaie al Gobierno Nacional no se hizo esperar. Mediante Twitter, la organización recordó que tuvo reuniones en cuatro ocasiones sin resultados. Al final ratificó la convocatoria a la movilización.
Bananeros se suman
Los bananeros de El Oro también ratificaron su decisión de sumarse al paro. Ayer, 12 de junio, en una asamblea, decidieron salir a las protestas por el incumplimiento de los acuerdos del Gobierno Nacional.
El Gobierno no pudo impedir esa decisión con el ofrecimiento de entregar subvenciones a los pequeños productores.
En un boletín de prensa, el Ministerio de Agricultura señaló que se han invertido USD 5 000 000 para ese plan emergente.
El sector considera que hay desinterés del Gobierno. Son más de 60 000 empleos perdidos hasta el momento, según el vicepresidente de la Fenabe, Segundo Solano.
El 15 de abril suspendieron el paro y cierre de vías tras dialogar con el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, a quien expusieron sus exigencias, como la compra de racimos a través de un fondo de contingencia. “Se vio que eran ejecutables, pero no se articuló nada de lo que conversamos”, critica.
Se agotó el diálogo, “ya no le veo sentido; deberían decir que se empieza a ejecutar los puntos planteados, con un compromiso escrito o un anuncio público”; solo así la paralización se detiene, apunta.
Desde el Gobierno, el consejero presidencial Diego Ordóñez reconoce el derecho a la protesta, pero advierte que no intenten “nuevamente destruir las ciudades y, sobre todo, obstaculizar el tránsito de alimentos y producción”.
Sospecha que se busca debilitar la lucha del Gobierno contra la delincuencia, pues le resulta “extraño que en medio de ese escenario se quiera caotizar la movilidad de los ciudadanos, incrementando la sensación de inseguridad y peor que se desvíen los esfuerzos de Policía y Fuerzas Armadas”.
Para el analista Rodrigo Jordán, el Gobierno no entiende la cotidianidad de la gran mayoría de ecuatorianos, que no pueden esperar a que ponga la casa en orden. La opción del Gobierno, sugiere, es implementar un plan con soluciones sobre seguridad, empleo, salud y declararlo de emergencia.
Alcalde de Quito se pronunció
Santiago Guarderas, alcalde Quito, dijo el sábado pasado que no permitirá daños en la ciudad durante la movilizaciones sociales. “Tengan la seguridad que frente a las movilizaciones, nosotros defenderemos a Quito”, dijo.
