El Gobierno no pudo evitar el voto de los jueces a favor de una fórmula más costosa para el cálculo de las prestaciones por jubilación.
El gobierno argentino ha recibido un doble bofetón judicial: económico por un lado, político por otro. La Corte Suprema de Justicia da la razón a un jubilado que reclamaba que su pensión se calculara y actualizara de forma distinta a la establecida por la Administración Nacional de la Seguridad Social. La sentencia beneficiará a un mínimo de 100.000 pensionistas que decidieron pleitear y supondrá un coste adicional para las arcas públicas. El fallo tiene también una lectura política: el tribunal demuestra que su sintonía con el gobierno es mucho menor de lo que pensaban en la Casa Rosada.
El conflicto arranca de la llamada Reparación Histórica, una ley aprobada en 2016 por el Congreso, a instancias del Gobierno, en la que se reconocía que los jubilados habían recibido durante años pensiones inferiores a lo que correspondía, bien por el cálculo de la pensión en sí (sobre los 120 últimos salarios), bien por actualizaciones por debajo de la inflación. Los jubilados podían acogerse voluntariamente a la Reparación Histórica, que según la oposición peronista no compensaba el total del perjuicio, o quedarse sin aumento y acudir a los tribunales para reclamar un mecanismo que les fuera más favorable.
Es la decisión que tomó Lucio Orlando Blanco, jubilado en 2003. Blanco, al igual que muchos otros pensionistas (el número se estima entre 100.000 y 150.000), recurrió a la justicia. Su caso no fue el primero en llegar a la Corte Suprema: de hecho, el litigante que le precedió decidió retirar la demanda porque comprobó que la fórmula de la Reparación Histórica le convenía en realidad más que otras. Cada caso depende de muchos factores.
Lo que Blanco exigía era que su pensión se calculara y actualizara según el Índice de Salarios Básicos de la Industria y la Construcción (ISBIC), y no, como planteaba la Administración Nacional de la Seguridad Social, según el Indicador de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE). La diferencia es clara: entre abril de 1995 y febrero de 2009, período en litigio, el ISBIC aumentó un 435% y el RIPTE sólo un 178%. Según el abogado de Blanco, a su cliente le correspondía un 46% de su último salario si se aplicaba el RIPTE, y un 59% si se aplicaba el ISBIC.
La sentencia de la Corte Suprema establece que la aplicación del RIPTE no se ajusta a la Constitución (aunque quienes se acogieron voluntariamente a la Reparación Histórica seguirán viendo actualizadas sus pensiones por ese sistema) y considera procedente la aplicación del ISBIC, que se utilizaba antes de la reforma de 2016. La esencia del asunto se refiere a quién puede decidir la fórmula de cálculo. El alto tribunal falla que no es la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), sino el Congreso, el encargado de establecerla. En 2016, al aprobar la reforma, el Congreso no optó por ningún mecanismo en concreto. Y fue la Anses quien decidió usar el RIPTE. En la sentencia se reclama al Congreso que decida una fórmula que sea válida en adelante.
La decisión judicial no supondrá, según el Gobierno, un gran quebranto para las arcas públicas. De hecho, la Casa Rosada contaba con la posibilidad de una sentencia contraria y presupuestó 34.538 millones de pesos (909 millones de dólares) para el ejercicio 2019 destinados a actualizar unas 40.000 pensiones en litigio. Ahora hará todo lo posible por demorar la actualización hasta 2020. Para el Gobierno, el efecto más negativo de la sentencia resulta indirecto. Tras la revuelta interna que sufrió el tribunal hace unos meses, con el ascenso a la presidencia de la Corte de Carlos Rosenkrantz, el Gobierno creyó desarticulada la anterior mayoría peronista. Pero esta vez Rosenkrantz se ha quedado solo. El presidente votó a favor de las tesis de Anses, mientras los otros cuatro miembros respaldaron al jubilado Lucio Orlando Blanco.
Para el año próximo, con unas elecciones presidenciales en las que Mauricio Macri intentará renovar mandato, la Corte Suprema tiene pendientes decisiones sobre temas muy sensibles relacionados con la prisión preventiva para casos de corrupción política y los alcances de la inmunidad parlamentaria.
