La defensa a la consolidación de la deuda pública, aplicada en octubre del 2016 por parte del expresidente Rafael Correa (a través del Decreto 1218), quedó sin piso tras las últimas publicaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI). El ente multilateral indica que Ecuador estaba usando una metodología “no estándar” para el cálculo.
A partir de la auditoría de la deuda que hizo la Contraloría en la que se señalaron indicios de responsabilidad penal, el propio exmandatario se justificó amparándose en el FMI: “¡Imagínense¡ Responsabilidad Penal por decir que se mide la deuda de acuerdo con el manual del FMI”, había escrito en su cuenta de Twitter.
El exministro de Economía, Carlos de la Torre, justificó la no contabilización de la deuda interna del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) mencionando que es como deberle a la esposa: “Con ella puedo arreglarme de cualquier forma”, dijo en julio del 2017.
También la ministra actual, María Elsa Viteri, indicó hace pocos días que la adopción de la metodología de consolidación de la deuda estaba relacionada con una sugerencia del FMI: “Recordemos que la controversia entre agregada y consolidada surge por una recomendación del FMI que si bien no es una obligación de aplicación, sí influye en una obligación del Ecuador que es el Art. IV”.
Pero para Mauricio Pozo, exministro de Finanzas, las opiniones de funcionarios del actual y del anterior régimen sobre el uso de la metodología del FMI pudieron surgir por ignorancia o para justificar la necesidad de más endeudamiento.
Pozo dijo que no se puede consolidar deuda con entidades que manejan dineros privados como el Banco Central del Ecuador y el IESS.
De todas maneras, el analista opinó que el país necesita mayor endeudamiento al momento, pero debe hacerlo con base en un “programa riguroso” y no uno “tibio” como el que se presentó hace pocos días.
Marcos López, exmiembro del directorio del BCE, opinó que la publicación de las cifras del FMI coincide con la visita que hace Viteri a los multilaterales y con la publicación del informe de Contraloría.
Consideró lógico considerar las preventas petroleras como deuda, pues, sin importar el título que lleve el contrato, si hay desembolsos, pago de intereses, plazos y hasta petróleo en garantía, se trata de un crédito.
Lo óptimo, agregó, sería que la deuda sea transparentada y que se pida permiso a la Asamblea para un mayor endeudamiento, sobre la base de un plan de sostenibilidad, pero no incrementar el techo.
11 mil millones salieron del cálculo de la deuda pública tras la publicación del decreto 1218. 84 w3
Fuente: eluniverso.com
