El ministro del Trabajo, Raúl Ledesma, confirmó ayer que el sector público a partir de este 1 de julio no hará nuevas contrataciones bajo la modalidad de servicios ocasionales.
Lo hizo al confirmar la veracidad de una circular con fecha 25 de junio, en la cual se indica que “se prohíben nuevas contrataciones de personal bajo la modalidad de servicios ocasionales prescritos en el artículo 58 de la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep), hasta el cierre del ejercicio fiscal del año 2018 y todo el ejercicio fiscal 2019, salvo excepción debidamente justificada”. Además se indica que ninguna entidad pública podrá superar el plazo de doce meses máximo de los contratos de servicios ocasionales.
El ministro Ledesma explicó que hay 70.000 personas bajo contrato de servicios ocasionales. De estos, unos 30.000 deberán ir obligatoriamente a concursos porque la idea es regularizar su situación. Sobre los otros 40.000 cada entidad deberá analizar si se requiere o no la renovación de la plaza.
El ministro aclaró que el objetivo de la decisión es no continuar agrandando la masa salarial ni el tamaño del Estado.
De esta manera ratificó los datos que hace pocos días revelara el consejero de la Presidencia, Santiago Cuesta (quien está encargado de la reducción del Estado). Él informó en una entrevista radial que en el sector público existen unos 160.000 contratos ilegales, aunque para Ledesma, la palabra adecuada para definirlos es “irregulares”. Según Cuesta, de los 160.000, 75.000 están bajo servicios ocasionales, otros 70.000 con nombramientos provisionales, y el resto con nombramientos para servicios específicos. De acuerdo con la normativa, los contratos de servicios ocasionales para actividades no permanentes son por un año. Si se requiere volver a contratar se migra a un nombramiento provisional y se hacen concursos.
El ministro dijo que esperan hasta diciembre del 2018 tener concluidos al menos el 60%.
Para Jaime Carrera, del Observatorio de la Política Fiscal, el país debe ajustar el gasto salarial. Considera que la salida de personal ayudaría a aminorar el déficit fiscal.
Para Miguel García, presidente de la Federación Nacional de Servidores Públicos, es inevitable la reducción de personal. Explicó que una medida menos traumática sería jubilar a quienes lo deseen, pero pagándoles la indemnización de ley. Sin liquidez en el Gobierno, se estaría optando por sacar a quienes no reciben indemnización. Considera que los concursos que se están organizando no alcanzarán para el gran número de aspirantes. Lamentó que los concursos de méritos ahora se los esté mal utilizando y beneficiando a personal de libre remoción en vez de a los empleados de base.
Fuente: eluniverso.com
