MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA GENERÓ CONFUSIÓN POR LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR PRUEBAS NEGATIVAS DE COVID-19 A MIEMBROS DE LA JRV.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) generó confusión y dudas alrededor de la aplicación de pruebas de detección del COVID-19 a los miembros de las Juntas Receptoras del Voto (JRV) para el día de las votaciones nacionales del 7 de febrero del 2021.

La incertidumbre surgió la mañana de ayer, durante un evento en el que el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional entregó a la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, el protocolo general para la prevención del coronavirus que se ejecutará en esa jornada.

Ahí, el viceministro de Salud Pública, Xavier Solórzano, explicó que los miembros de las JRV, observadores electorales nacionales e internacionales, delegados de las organizaciones políticas deberán presentar el resultado de su prueba PCR negativa de COVID-19, ya que estarán instalados de forma permanente en los recintos electorales.

“Las personas que van a estar dentro del recinto electoral de forma permanente tienen que llegar con un resultado negativo de prueba PCR. Las pruebas las pueden realizar en los laboratorios autorizados. En donde le sea más fácil a los miembros de las juntas, a los observadores… (los costos de las pruebas) los debería asumir la persona. Si es un privado debe asumir la persona, si es en los públicos, no tiene costo, ahí asume el Estado”, dijo.

Esto generó preocupación en las organizaciones políticas y en el interior del CNE, que se evidenció en el quinto Consejo Consultivo de Organizaciones Políticas.

El consejero Luis Verdesoto llamó la atención sobre este pedido porque son más de 270.000 integrantes de las juntas a los que deberá hacerse la prueba. “Es una desafortunada disposición”, afirmó el consejero.

Alfredo Serrano, director del PSC, cuestionó que son miles de personas las designadas para esta tarea y su costo debe asumirlo el Estado. “No generemos ausentismo, demos seguridad para que la gente vaya a votar”, dijo y pidió que sea el Gobierno nacional el que dé esta cobertura.

Mientras, Natasha Rojas, dirigente del partido Unidad Popular (UP), pidió al CNE que sean ellos los que asuman el pago de las pruebas.

De su parte, el vicepresidente del Consejo, Enrique Pita, difundió una nota aclaratoria en su cuenta de Twitter, asegurando que el pleno del organismo “no ha aprobado” dentro del protocolo para las elecciones “esta exigencia”.

“Solo los documentos y protocolos que son conocidos, discutidos y aprobados por el CNE son los que serán implementados en las elecciones generales”, informó.

Frente a la confusión originada por el viceministro, el Ministerio emitió un comunicado en horas de la tarde en el que enfatizó que solo los observadores electorales y veedores de los partidos y movimientos políticos deberán presentar su prueba PCR al ingreso a los recintos.

Y que se aplicarán pruebas rápidas a los miembros de las juntas de manera gratuita. Aunque no se informó cuándo y en qué lugares se lo hará, pues el mismo Solórzano indicó ayer que era “complicado operativamente” hacer este tipo de examenes el 7 de febrero.

“No vamos a aplicar pruebas rápidas, sino que con antelación sabemos quiénes son las personas que van a estar en los recintos. (…) El tema de hacer pruebas rápidas es complicado operativamente porque tenemos un flujo de personas muy grande. Adicionalmente las horas pico y añadir un proceso de toma de muestras complica operativamente”, afirmó el funcionario.

La prueba PCR de los observadores internacionales deberá haberse realizado diez días antes su arribo al país; y los veedores de los grupos políticos presentarán su resultado negativo realizado hasta máximo 72 horas antes de la elección.

El protocolo aprobado por el COE nacional en conjunto con la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) establece que serán los gobiernos locales los que se encargarán de controlar los exteriores de los recintos electorales para evitar aglomeraciones y por ende contagios, explicó Juan Zapata, presidente del COE.

Deberán colocar vallas o cerrar vías en los alrededores; también deberan prohibir y controlar la presencia de ventas informales o comerciantes autónomos.

A los integrantes de las JRV se les entregarán tres mascarillas, toallas desinfectantes y un frasco de alcohol en gel.

Los electores deberán acudir solos a sufragar, pues no se permitirán menores de edad ni grupos familiares para garantizar el aforo en las mesas de votación.

En el momento de sufragar se pedirá al ciudadano que se retire varios segundos la mascarilla para verificar su identidad con el registro electoral.

Una de las recomendaciones —que no es obligatoria— del COE y del CNE es que los electores acudan a votar de acuerdo al último dígito de la cédula de ciudadanía.

Es decir, de 07:00 a 12:00 aquellos cuyo dígito sea par; y de 12:00 a 17:00, los que terminen en número impar.

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