Que la audiencia preparatoria de juicio en la investigación de secuestro de Fernando Balda se haya diferido del 6 de agosto al 18 de septiembre, según Luis Molina, le da más tiempo a la defensa del exmandatario Rafael Correa para revisar un expediente que, dice, recién el miércoles pasado se ha puesto a disposición de las partes.
La acusación particular (Balda), el fiscal general Paúl Pérez y la defensa de los investigados Raúl Chicaiza y Jessica Falcón, por distintas razones, solicitaron a la jueza una nueva fecha para la diligencia en la que se conocerá el dictamen fiscal (sea acusatorio, abstentivo o mixto) contra los seis procesados.
“Siempre dijimos que una garantía del debido proceso era el contar con los expedientes fiscales correspondientes y hasta el (miércoles) se han consolidado recién la totalidad de los expedientes. (…) Hay que clarificar una cosa importante: la acusación particular desde el 2013 tiene acceso a todos los expedientes fiscales y nosotros hemos entrado en conocimiento a partir de la vinculación del expresidente Correa, el 18 de junio de 2018”, explicó Molina.
Él insiste en que en la audiencia del 18 de septiembre harán una presentación de inconsistencias en la instrucción fiscal, el cuestionamiento que mantienen a la cooperación eficaz y las contradicciones de las versiones que se han dado. A decir del abogado, Correa estaría al tanto de todo el proceso.
