MAR DEL PLATA CLAMA JUSTICIA POR LA VIOLACIÓN EN GRUPO DE UNA JOVEN DE 14 AÑOS.

Los vecinos de esta ciudad costera argentina temen que quede impune, como ocurrió con el feminicidio de Lucía Pérez.

“¿Y si hubiera sido mi hija?”. Camila, quiosquera de la ciudad argentina de Mar del Plata, se ha repetido cientos de veces esta pregunta desde el pasado 1 de enero. Ese día se enteró de que habían detenido a cinco hombres por la presunta violación de una adolescente de 14 años en un camping cercano. “Yo quería ir a celebrar Año Nuevo a ese camping, pero no fuimos porque estaba lleno. Mi hija tiene 15 años, sólo uno más que esa pobre chica. Ahora lo pienso y… “, dice, sin encontrar las palabras que definan ese temor que masca rodeada de periódicos con la agresión sexual en portada.

Los hechos denunciados sucedieron dentro de los límites de Miramar, una pequeña ciudad de playa de 30.000 habitantes en la que se refugian muchos marplatenses que huyen de las aglomeraciones del verano austral. Al igual que Camila, quien prefiere no dar su apellido, los cinco acusados y la presunta víctima son de Mar del Plata. La noticia golpeó a esta ciudad costera en el arranque de la temporada de vacaciones, durante un fin de semana largo en el que llegaron unos 230.000 turistas, solo una pequeña parte de los más de cuatro millones que recibirá cuando haya terminado el verano. Tras varios días de lluvias, muchos vecinos están más pendientes del pronóstico meteorológico que de las noticias, pero se indignan al hablar del caso. “¿Cómo pudieron hacer algo así? Espero que se pudran en la cárcel”, responde Manuel Briano desde su pequeño almacén. Los cinco sospechosos han sido escrachados en las redes sociales y sus perfiles se han llenado de cientos de insultos y de peticiones de justicia.

Se trata de Lucas Pitman, de 21 años, Tomás Agustín Jaime (23), Juan Cruz Villalba (23), Manuel Díaz (23) y Roberto Costa (21). Están detenidos desde el 1 de enero acusados de abuso sexual con acceso carnal agravado, un delito con penas de entre 8 y 20 años de cárcel. Según la reconstrucción difundida por los medios, son jóvenes de clase media, a los que unen aficiones como el surf y el rugby. Este grupo de amigos llegó al camping El Durazno en una furgoneta para celebrar la Nochevieja e instaló una tienda de campaña en la que presuntamente ocurrió la violación de la menor. Después de buscarla por todo el recinto, la madre de la adolescente la encontró junto a ellos y alertó al padre, quien llamó a la policía y las acompañó a la comisaría para denunciar el abuso.

Briano, como muchos otros, tiene dudas de que los responsables sean castigados. “Si hay dinero de por medio los van a encubrir, así funciona acá”, comenta Lucas Giovanni, taxista de 50 años. “Mirá lo que pasó con Lucía Pérez, los absolvieron. Es un escándalo, pero es así”, coincide con ellos Camila, en referencia a una adolescente de 16 años muerta hace un año y medio. La fiscal sostuvo que Pérez fue drogada y violada hasta la muerte. Los jueces, en cambio, dictaminaron que murió de sobredosis y tuvo relaciones sexuales consentidas, por lo que absolvieron a los dos imputados de los cargos por abuso sexual.

La madre de Pérez, Marta Montero, participó este jueves en una marcha en Miramar para exigir justicia por el caso. Durante la concentración, Montero acusó a los jueces de haber recibido dinero a cambio de la “vergonzosa” sentencia por la muerte de su hija, que ha sido recurrida. “Como país nos han dejado de la forma más retrógrada y antigua, como una justicia de hace 50 años atrás”, aseguró Montero. Acudió a la marcha acompañada de su marido y con una imagen de su hija colgada del pecho. “Cuando nosotros empezamos el juicio la condena ya estaba escrita. Ya estaban comprados estos jueces”, aseguró.

Conscientes de la sensibilidad que despierta este tema, las autoridades provinciales desplazaron de forma fulminante al policía a cargo de la investigación. Argumentaron que no había actuado con rapidez en las horas inmediatas a los hechos denunciados, claves para preservar la escena del crimen y recabar evidencias.

La Fiscalía, por su parte, mantiene en reserva la identidad de la víctima por su condición de menor. Sólo se sabe que recibe atención psicológica y que en los próximos días declarará en cámara Gesell. La fiscal Florencia Salas tampoco ha confirmado los detalles que han trascendido de las declaraciones de Pitman, Jaime, Villalba, Díaz y Costa el miércoles ante el juez. Al parecer, dos de los acusados admitieron haber mantenido relaciones sexuales con la menor, pero aseguraron que fueron consentidas. El informe médico preliminar les juega en contra: se hallaron lesiones vaginales compatibles con abuso sexual. Incluso con su consentimiento, por tratarse de una menor de entre 13 y 15 años, la legislación argentina prevé penas de entre 3 y 10 años si se demuestra que los adultos se aprovecharon de la inmadurez sexual de la adolescente.

Mientras los sospechosos declaraban ante el juez, los familiares de los detenidos se enfrentaron a los medios de comunicación presentes. “Los quiero ver acá cuando la Justicia diga que es mentira. Son una mierda”, gritó uno de los padres. Otro arrojó un argumento polémico: “Con los que tienen que hablar son con los padres de la nena que la salieron a buscar a la madrugada después de no saber nada de ella”.

La fiscal y el juez tendrán los resultados de los análisis genéticos la próxima semana. Junto a las declaraciones testimoniales y a las demás pericias ordenadas, como el análisis de las comunicaciones telefónicas, serán claves para esclarecer qué ocurrió la madrugada de Año Nuevo y determinar responsabilidades.

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