LOS LABORISTAS PIDEN A THERESA MAY QUE NO EXTRADITE A JULIAN ASSANGE A LOS ESTADOS UNIDOS.

Le recuerdan que impidió la entrega de un pirata informático británico cuando fue ministra del Interior.

Hay heridas que no terminan de cerrarse. El Partido Laborista ha recordado en las últimas horas cómo las filtraciones de Wikileaks expusieron las atrocidades del ejército de EE UU en las guerras de Irak y Afganistán. «El Gobierno británico debería oponerse a la extradición de Julian Assange a Estados Unidos por exponer las pruebas de las atrocidades cometidas en Irak y Afganistán», escribía a última hora del jueves en su cuenta de Twitter el líder de la oposición, Jeremy Corbyn.

Era la señal de salida de una campaña en contra de la entrega a Washington del cofundador de Wikileaks, que ha cobrado vuelo este viernes por la mañana con las declaraciones en la BBC de Diane Abbott, la ministra del Interior en la sombra laborista (el espejo del correspondiente cargo en el Gobierno): «Si recuerdan el caso de Gary McKinnon, los estadounidenses insistieron entonces en que fuera extraditado. Había llevado a cabo un ‘hackeo masivo’, pero su verdadero delito fue dejar en ridículo al ejército estadounidense y a sus servicios de seguridad», ha dicho Abbott.

Hacía referencia la portavoz laborista al asunto al que Theresa May tuvo que hacer frente en 2012, cuando era ministra del Interior en el Gobierno conservador de David Cameron. McKinnon, un joven británico que padecía síndrome de Asperger, fue acusado por el sistema judicial estadounidense, en 2002, de infiltrarse en los sistemas informáticos del ejército estadounidense. Llegó a penetrar en los ordenadores del Pentágono y de la NASA. Y lo hizo recluido en su habitación, desde una vivienda en el norte de Londres. Estaba obsesionado, al parecer, con todo lo relacionado con los ovnis. Bajo las leyes de EE UU, se enfrentaba a penas de prisión de hasta 70 años.

Presionada por la opinión pública, May anunció su negativa a entregar al joven en la Cámara de los Comunes. Echó mano de prerrogativas extrajudiciales y justificó su decisión en la condición mental de McKinnon y en el hecho de que, según los médicos, sufría una depresión grave que podía inducirle a cometer suicidio. Lo paradójico, señaló entonces la oposición, es que la política justificó el drástico giro en la Carta de Derechos Humanos de la UE que había combatido hasta entonces con fiereza. En la misma declaración anunció su intención de arrebatar a futuros ministros del Interior las capacidades que ella misma estaba utilizando para salvar al joven hacker.

El Gobierno estadounidense, que había calificado los actos de McKinnon como «el mayor hackeo de la historia al sistema informático militar», protestó con dureza la decisión de May y mostró su decepción con el Reino Unido.

A pesar de que Downing Street no ha expresado oficialmente cuáles serán sus siguientes pasos, y traslada cualquier decisión sobre el futuro de Assange a los tribunales británicos, su respuesta a las críticas laboristas ha mostrado que este asunto lleva camino de derivar en un nuevo enfrentamiento político. «¿Por qué será que cada vez que alguien tiene un historial de socavar al Reino Unido, a nuestros aliados y a los valores que defendemos puedes prácticamente garantizar que el líder de la oposición se pondrá del lado de los que intentan dañarnos?», se preguntaba retóricamente en el Parlamento este jueves el ministro del Interior, Sajid Javid. Hijo de musulmanes y con un historial de hombre hecho a sí mismo, Javid corteja desde hace tiempo al ala dura de los conservadores e intenta tomar posición en la futura carrera por el liderazgo de esa formación.

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