LLAMADAS TELEFÓNICAS DELATARON A RED QUE VENDÍA ARMAS A ‘GUACHO’.

Desde San Lorenzo, en la frontera norte, alias ‘Sobeida’ dirigía una organización delictiva dedicada a vender municiones y armas del Ejército a alias ‘Guacho’, cabecilla del grupo Óliver Sinisterra.

Así lo detalla la Fiscalía. Los investigadores dicen que a sus 28 años se había convertido en el nexo entre el jefe de los milicianos y su brazo operativo, integrado por civiles y militares, cuya tarea era sustraer armamento de los rastrillos del Ejército y entregarlos a los subversivos.

La identidad de la sospechosa y su rol en la supuesta red ilegal fueron confirmados ayer por el fiscal Álvaro Gaybor, de Unidad Nacional Especializada de Investigación Contra la Delincuencia Organizada. Él dirigió la operación Camaleón, en la que se detuvo a 14 personas en Loja, Guayas, Pichincha, Santo Domingo y Esmeraldas.

Ayer, tras la audiencia de formulación de cargos, que se realizó en Esmeraldas, 13 sospechosos fueron acusados por delincuencia organizada y tráfico de armamento. Ellos quedaron con prisión preventiva y una mujer fue liberada por falta de evidencias. Quien sí quedó presa fue alias ‘Sobeida’. Según Gaybor, la mujer mantuvo conversaciones telefónicas que fueron interceptadas a través de órdenes judiciales.

En sus diálogos con otros sospechosos, la supuesta cabecilla hacía referencia a alias ‘Guacho’ y daba a entender que tenía una “relación directa” con él. Sin embargo, durante la investigación reservada, los investigadores no establecieron una llamada entre ella y el cabecilla. Ahora, los agentes revisarán los 14 teléfonos que se incautaron en el operativo. También quedaron como evidencia siete discos duros, una laptop, una pistola, USD 2 425 y 227 000 pesos colombianos.

Hasta el momento no hay una cifra de cuánto armamento sacó la organización de los rastrillos. “Estamos determinando la cantidad específica de las armas y municiones que habrían sido sustraídas de los destacamentos. Es un trabajo que debemos realizar junto con las Fuerzas Armadas”, agregó el fiscal Gaybor. En la supuesta organización ilegal, otro rol importante tenía un ingeniero en sistemas quien administraba las aplicaciones logísticas del Ejército.

Su cargo era de analista de tecnologías. En sus manos estaban, por ejemplo, el manejo del Sistema de Inventarios Logístico del Ejército, el Sistema de Control de Combustible, el de Dotación y el Registro de Tiro. Este último sirve para contabilizar cuántos disparos hace cada soldado durante una práctica de tiro. Gaybor resaltó que este funcionario podía acceder a estos registros a escala nacional y que, mediante estas herramientas, había manipulado la contabilidad y borrado parte del arsenal que finalmente llegó a manos de los disidentes, en lado colombiano.

Tras hacerse público este caso, el presidente Lenín Moreno dispuso a los ministerios del Interior y de Defensa que “pongan todo su interés para detectar hasta la última persona que pueda ser culpable” del delito de tráfico de armas. “No permitiremos que la narcoguerrilla contamine a nuestras FF.AA.

Quienes estén involucrados en la supuesta venta de armas deberán responder a la Justicia. ¡No habrá impunidad para aquellos que traicionan a la Patria!”, escribió en su cuenta de Twitter. Oswaldo Jarrín, ministro de Defensa, también se pronunció. Dijo que la captura de los militares “solo se relaciona con munición” y que “no hay armas” desaparecidas de los cuarteles. Pero la Fiscalía indicó ayer que las investigaciones continuarán para establecer el tipo de armamento militar que fue vendido a los disidentes. Además, Jarrín anunció en la Asamblea que impulsará una nueva Ley de Personal y disciplina. “Porque no vamos a seguir manteniendo esa permisividad y flexibilidad”.

La investigación de este caso se inició formalmente en agosto. Sin embargo, desde el atentado al comando de la Policía de San Lorenzo, en enero, los agentes tuvieron pistas. A partir de informantes y seguimientos se estableció, por ejemplo, que las municiones eran llevadas hacia San Lorenzo a través de vehículos particulares y transporte público. El 1 de septiembre, un soldado sacó de las bodegas del Fuerte Militar Cabo Minacho, en Loja, 5 000 municiones calibre 5,56 mm, según agentes.

El material fue ocultado entre las encomiendas de un bus interprovincial que viajaba a Cuenca, pero en el trayecto los policías realizaron un control de carretera y lo detectaron. Otro caso se dio en Quinindé el 7 de octubre. Los agentes encontraron 2 500 balas dentro de cajas y sacos de arroz. Cuatro personas fueron detenidas y una de ellas recibió arresto domiciliario, ya que se trataba de una mujer embarazada. Por este hecho, hoy se tiene previsto realizar la audiencia de juzgamiento, en Quinindé, a través del procedimiento directo. Los implicados podrían recibir hasta 5 años de prisión.

Las reacciones ​ Paco Moncayo Exjefe del Comaco   “Que haya militares que estén vendiendo municiones y armas a los criminales es muy doloroso. Esto no puede pasar. Hay que tomar todas las medidas para cortar esto. No hay justificación alguna para que esto ocurra”.

Wagner Bravo Exmilitar Estado Mayor  “Las Fuerzas Armadas deben evitar que estos actos delictivos se vuelvan comunes. Y los militares involucrados deben ser castigados con el máximo rigor de la ley”. Ricardo Camacho Experto en seguridad   “Si a las Fuerzas Armadas les sacamos de los cuarteles y les ponemos a enfrentar al narcotráfico sin medidas de confianza, van a ser captados por el narcotráfico”.

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