LEGISLADORES CORREÍSTAS ASEGURAN DESDE LA EMBAJADA DE MÉXICO QUE ESTUVIERON EN SUS HOGARES LOS DÍAS DEL PARO NACIONAL.

Los asambleístas de la bancada correísta Gabriela Rivadeneira, Soledad Buendía y Carlos Viteri, que permanecen bajo protección de la Embajada de México en Quito, más Yoffre Poma, detenido en la cárcel 4 de esta ciudad, deslindaron responsabilidades a delitos relacionados a rebelión que están siendo investigados por la Fiscalía, tras el paro nacional de octubre pasado.

Su testimonio lo dieron a la comisión ocasional multipartidista que investiga los hechos relacionados con el paro nacional acontecido entre el 3 y 13 de octubre pasados.

Los tres legisladores con protección diplomática mexicana se conectaron vía skype; mientras que Poma acudió bajo resguardo policial hasta la Asamblea Nacional. Allí lo esperaron sus coidearios de la bancada correísta, mientras que en la misma fila de sillas colocadas en la comisión también esperaban su turno ocho policías para dar su testimonio respecto a un maltrato, secuestro y vejámenes recibidos durante las jornadas de protesta.

Hasta la Asamblea llegó también el alcalde de Quito, Jorge Yunda, quien afirmó que no tuvo ninguna reunión, conversación, ni coordinación con la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, detenida y acusada de rebelión.

‪Dijo que defendió a Quito en lo que correspondía y que durante la protesta no tomó partida por nadie. Que durante el paro dispuso que las 41 instituciones municipales cumplan con su deber de acompañar a la ciudadanía, que se dedicaron a garantizar que la ciudad no sufra de desabastecimiento de agua, energía eléctrica, combustibles y alimentos. Que el aeropuerto de Quito nunca estuvo cerrado y que el transporte municipal tampoco dejó de operar.

Contó que el Municipio también cumplió labores de asistencia a mujeres embarazadas, mujeres, niños y personas adultas mayores a quienes ofreció albergues, así como aprovisionaron alimentos a los policías. También destacó su intervención en el diálogo entre el presidente Lenín Moreno y los dirigentes indígenas.

Yunda reveló que durante el paro nacional hubo ambulancias y vehículos de bomberos dañados, más de 100 motocicletas afectadas y 200 agentes de tránsito agredidos.

Insistió en señalar que nunca tuvo una actividad de índole político, siempre “estuvimos tratando de que se tranquilicen los ánimos de las personas”. También reiteró que su relación con la prefecta Pabón siempre ha sido pública como consejero del Consejo Provincial, donde se ha hablado de asuntos viales. Y que durante el conflicto no tuvo ninguna reunión, ni conversación, ni coordinación.

Los legisladores Rivadeneira, Viteri y Buendía (RC) deslindaron vinculaciones con los grupos vandálicos que se expresaron durante el paro. Los tres coincidieron que durante las protestas estuvieron en sus domicilios por cuestiones de salud y situaciones familiares.

Pero que acudieron a pedir protección de la Embajada de México porque las amenazas a sus vidas y de sus familias que, según dijeron, venían desde hace dos años se incrementaron en la semana del paro. Aunque Viteri afirmó que pidió refugio en México porque en la madrugada del 14 de octubre pasado, empezaron los allanamientos a los domicilios de los dirigentes correístas, como el de la prefecta Pabón.

Rivadeneira reclamó que la Asamblea no la haya defendido, narró que es una asambleísta indocumentada porque en los allanamientos retuvieron su documentación personal; y pidió que se investigue al Presidente de la República por exponer mediante cadenas nacionales y sin pruebas, a los dirigentes correístas acusándolos del delito de rebelión. Anunció que la lucha continuará y que la siguiente disputa será la electoral en el 2021.

Poma (RC), detenido por supuesto delito de paralización de servicios públicos, relató que en el proceso penal en su contra ha demostrado que no manipuló máquina alguna  para paralizar la operación petrolera y que tampoco indujo a alguna persona. En su comparecencia lo acompañó parte de su bancada de la Revolución Ciudadana.

También se recibieron los testimonios de ocho miembros de la Policía. El coronel Christian Rueda describió que junto a ocho compañeros fueron retenidos en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que recibieron maltratos y vejámenes. Pidió que se identifique a los “seudos dirigentes indígenas” que propiciaron las agresiones.

El periodista Freddy Paredes, de Teleamazonas, ratificó que el 10 de octubre pasado los periodistas fueron secuestrados y describió cómo fue golpeado por la espalda por manifestantes y aseguró que no fue algo fortuito.

Indicó que lo sucedido en la cobertura periodística sobre la paralización de actividades es la consecuencia de los diez años del gobierno anterior, de ataques directos a la prensa y a los medios de comunicación; es la consecuencia de la rotura de periódicos ante las cámaras durante las sabatinas; es la consecuencia de las denostaciones en contra de los periodistas de manera sistemática, y que en el momento de efervescencia esa palabra de “prensa corrupta” se volvió a repetir con mucha fuerza y se convirtió en el motor que generó violencia en contra de personas que “no teníamos arte ni parte en aquello, sino que estábamos dedicados a realizar nuestra cobertura periodística y a informar lo que sucedía a los ciudadanos”.

También advirtió ante la comisión de que el país está frente a un problema latente que no se ha eliminado y es la existencia de grupos violentos que se ha enquistado en la protesta social y que de alguna manera han sido protegidos y han sido encubiertos por el movimiento indígena.

En la lista de comparecientes también dio su versión Ana Acosta, representante de Wambra medio digital, quien afirmó que no hubo secuestro de periodistas en la Casa de la Cultura y dijo tener diez testimonios de colegas de medios comunitarios que estuvieron en el sitio: pidió a la comisión que investigue este caso porque “hablar de un delito de esa magnitud tiene una carga muy fuerte, y para afirmar se tiene que mirar a todos los periodistas que estuvieron en el sitio”.

En las cuatro sesiones de comparecencias se recibieron los testimonios de funcionarios de gobierno, periodistas, asambleístas, policías, ciudadanos afectados y representantes de organizaciones defensoras de los Derechos Humanos. Fue convocada a comparecer la presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, pero se excusó.

La próxima sesión de la comisión será este lunes, donde habrá una reunión con las organizaciones que sirvieron como mediadoras entre el gobierno y el movimiento indígena que terminó con la derogatoria del decreto 883, que eliminaba el subsidio a los combustibles.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *