Las denuncias contra excorreístas que ocupan altos cargos en el Gobierno de Lenín Moreno acaban de dar un salto a la cúspide. La vicepresidenta de Ecuador, María Alejandra Vicuña, ha sido acusada por un extrabajador de su época de asambleísta por cobros ilegales a cambio de acceder a un puesto de trabajo. Según la denuncia, entre 2011 y 2012, recibió pagos de 300 dólares mensuales que, después de un año, pasaron a 1.400 dólares. La vicepresidenta ha descalificado la acusación como una “infamia” y la achaca a una maniobra de distracción. Pero no precisó de quién. La fiscalía ha anunciado que abrirá una investigación.

El canal de televisión local recogió el testimonio de Ángel Polivio Sabgay Mejía, ex asesor de Vicuña, en el que aseguraba que la contribución le “fue solicitada directamente por la exasambleísta María Alejandra Vicuña como condición para acceder al cargo”. “Ella indicó que era una contribución obligatoria para el movimiento Alianza Bolivariana Alfarista”, sostiene el denunciante en una declaración juramentada.

A falta de un pronunciamiento oficial del Gobierno de Ecuador, la vicepresidente ha respondido a la denuncia tachándola de una “infamia” que será resuelta en la vía judicial. “Hay muchos temas importantes por los que preocuparse y no hacer caso a un montón de calumnias e infamias que no tienen ni pies ni cabeza”, declaró ante los medios locales.

La fiscal general encargada, Ruth Palacios, ha anunciado este martes que se abrirá “una investigación previa para esclarecer el ilícito”. No obstante, aclaró que no tiene todavía “ninguna prueba” más allá de la noticia. La vicepresidenta ha arremetido, además, contra la publicación del reportaje aludiendo a una posible maniobra de distracción. “Hay algunas personas, seguramente, muy interesadas en difundir esto, en pasar este reportante tan bien armadito, tan bien elaborado, dos veces en el mismo noticiero”, cuestionó María Alejandra Vicuña.

La vicepresidenta accedió a ese cargo en enero, con una fuerte polémica por su pasado correísta, pero con el voto a favor de 70 legisladores para sustituir al exvicepresidente Jorge Glas, que cumple condena de seis años por su implicación en el caso Odebrecht. Obtuvo el apoyo, principalmente, del bloque de Alianza PAIS -45 votos- pero también de los demás grupos políticos, incluidos tres de los 23 legisladores de CREO, el principal partido opositor. De los 137 escaños, las únicas dos bancadas que no apoyaron su nombramiento y solo se abstuvieron fueron el Partido Social Cristiano y su aliado Movimiento Social Conservador del Carchi.