Bruselas mantiene otro año el embargo de armas y el veto en Europa a 18 altos cargos del régimen.
La Unión Europea considera que todavía no se dan las circunstancias para un diálogo con Venezuela. Es más, percibe que la situación en el país sigue “deteriorándose”. Y ante esa perspectiva ha decidido prolongar un año más las sanciones que vienen aplicándose desde noviembre de 2017. Las “medidas restrictivas selectivas” adoptadas por los Veintiocho se traducen en un embargo de armas y equipos que puedan utilizarse para “la represión interna” y la prohibición de viajar a la UE y la confiscación de posibles bienes que puedan tener en territorio comunitario de 18 cargos oficiales de la Administración de Nicolás Maduro.
La decisión del Consejo de la UE, en el que están representados los Veintiocho, llega después de que los ministros de Exteriores constataran los “costes devastadores” que está teniendo la crisis política, económica y social de Venezuela para sus ciudadanos y para la estabilidad de la zona. Lo hizo constar así la alta representante de Política Exterior de la UE, Federica Mogherini, en una declaración de hace un par de semanas en la que instaba al Gobierno venezolano a efectuar los “pasos necesarios para reinstaurar la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos” y en la que, además, le reclamaba restaurar los poderes constitucionales de la Asamblea Nacional (el Parlamento, de mayoría opositora), la liberación de todos los presos políticos y el respeto a las libertades fundamentales.
La UE sigue recelando, no obstante, de cualquier paso que pueda perjudicar económicamente a la población. Por ello, las sanciones comunitarias continúan centrándose en el embargo de armas y equipamientos con los que puedan reprimir a la oposición y en 18 cargos de la Administración de Maduro que la UE señala como “responsables de violaciones de los derechos humanos” y de “haber socavado la democracia y el Estado de derecho en Venezuela”. La UE considera que, además de no afectar a la población civil, estas medidas son “flexibles y reversibles”.
Búsqueda de un «punto de contacto»
La imposición de sanciones, que durarán hasta el 14 de noviembre de 2019, está respaldada por todos los Ejecutivos. También el Gobierno de Pedro Sánchez apoya el embargo y la actuación contra esos altos cargos al entender que no castiga a los ciudadanos. Aun así, el ministro de Exteriores, Josep Borrell, defiende seguir un camino que permita abrir una vía de negociación. Se trataría de combinar la presión internacional, en especial sobre los líderes venezolanos, con el diálogo.
Con esa idea, el Ejecutivo comunitario y varios países de América Latina están explorando las posibilidades de crear un “punto de contacto” en la región que permita atajar la crisis política y económica. Pero de momento no se ve viable ir más allá. Mogherini así lo expresó el mes pasado en el Parlamento Europeo. “No creemos que, en este momento, una mediación o un diálogo tengan alguna posibilidad de éxito. Quiero ser muy clara al respecto”, afirmó Mogherini sin cerrar las puertas a otras posibilidades que llevaran a ese escenario.
En la creación de ese “punto de contacto” se reiteró este martes el Consejo. Y recordó que está dispuesto a ayudar a hallar una “salida democrática” a la crisis actual mediante una “negociación orientada hacia resultados, conducida de buena fe” y que “incluya a todos los actores políticos venezolanos relevantes”.
