Mano dura con Turquía por la ofensiva en territorio de Siria pero, de momento, sin un bloqueo generalizado de la venta de armas al régimen de Recep Tayyip Erdogan. El Consejo de Ministros de Exteriores de la UE ha pactado este lunes en Luxemburgo un texto que «condena la acción militar de Turquía» y la culpa de «socavar seriamente la estabilidad y la seguridad de toda la región». Pero no hay una posición unánime sobre un veto generalizado a la venta de armas a un país que está llevando a cabo una acción militar «con dramáticas consecuencias».

La Alta Representante de Política Exterior, Federica Mogherini, ha destacado al término de la reunión la importancia del acuerdo, que llega acompañado de otro para imponer sanciones a Turquía por su presunta violación de las aguas territoriales de Chipre. «No son conclusiones vagas, son muy claras», ha señalado Mogherini. Y ha asegurado que «no pasarán desapercibidas ni en Ankara ni en otros lugares».

La negociación de los dos textos ha revelado los equilibrios que debe hacer Europa en su relación con Turquía, un vecino tan imprescindible para mantener la seguridad en el extremo oriental del Mediterráneo como incómodo por sus posiciones políticas, en particular, desde que el actual presidente, Recep Tayyip Erdogan, inició un endurecimiento de su política interna y exterior.

El texto suscrito por los 28 socios de la UE «recuerda» la decisión de varios Estados miembros, como Francia y Alemania, «de frenar de manera inmediata las licencias de venta de armas a Turquía». Y pide al resto de miembros de la UE que «se comprometan a adoptar posiciones de fuerza en su política de exportaciones de armas a Turquía.

El ministro en funciones de Exteriores, Josep Borrell, se ha mostrado este lunes dispuesto a secundar el embargo de armas anunciado por Berlín y París. «Apoyamos con fuerza la idea de parar de vender armas a Turquía», ha señalado el ministro antes de la reunión del Consejo. El embargo también cuenta con el apoyo de Holanda, Suecia y Finlandia.

Borrell ha subrayado, no obstante, que la decisión unánime para un embargo general puede resultar complicada. «Los acuerdos unánimes son difíciles de conseguir, pero eso [el embargo] no es una materia de la Unión Europea. Los acuerdos son de cada país en particular», ha añadido el ministro español.

Encaje delicado.

Las conclusiones del Consejo, finalmente, han instado a todos los Gobiernos a aplicar a rajatabla la posición común de la UE de 2008 sobre control de ventas de armas y, en particular, el criterio relativo al «mantenimiento de la paz, la seguridad y la estabilidad regionales».

Ese criterio establece que «los Estados miembros denegarán la licencia de exportación cuando exista un riesgo manifiesto de que el receptor pueda utilizar la tecnología o los equipos militares (…) para agredir a otro país o para imponer por la fuerza una reivindicación territorial».

Los ministros también han pactado que a finales de semana se revise la posición de todos los Estados miembros y se adopten medidas de coordinación. Una medida de presión que persigue ampliar el número de países que se sumen al embargo.

La declaración de los 28 se muestra tajante en cuanto al rechazo de la ofensiva iniciada por Erdogan y reitera el compromiso de la UE «con la unidad, la soberanía y la integridad territorial de Siria». Europa considera que los posibles riesgos para la seguridad de Turquía que procedan del norte de Siria «deben resolverse a través de instrumentos políticos y diplomáticos».

El duro comunicado de los ministros exteriores mantiene tendidos los puentes hacia Turquía, país al que califica de «socio clave de la UE». El equilibrio responde a la voluntad de la mayoría de los socios comunitarios de no desencadenar una escalada de tensión diplomática con Erdogan que agrave el conflicto. Máxime cuando el club comunitario ya libra otro contencioso con Ankara por la presunta violación de las aguas territoriales de Chipre, país miembro de la UE.

Ese conflicto ha llevado a los ministros a confirmar este lunes la probable imposición de sanciones contra Turquía por las prospecciones de hidrocarburos que lleva a cabo en el este del mediterráneo. El castigo se traducirá en medidas restrictivas contra las personas involucradas a alto nivel en esos trabajos y en posibles represalias contra las empresas que participen. Los ministros han pedido a Mogherini, que presente cuanto antes el proyecto de sanciones.

El creciente choque con Turquía inquieta en muchos Estados miembros, que temen un alejamiento como el registrado con Rusia después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, acometiera la anexión de Crimea en 2014. El caso ruso ha mostrado lo difícil que es recuperar la normalidad una vez que la confianza se rompe.

Mogherini ha recordado que, en el caso de Turquía, la UE siempre se ha esforzado por estrechar lazos económicos y estratégicos. Pero ha reconocido que «no es el tipo de relación en que todo es blanco y negro».

La «complejidad» a la que ha aludido Mogherini abarca desde la condición de Turquía como miembro de la OTAN; su estatuto como candidato a ingresar en la UE; y, desde 2015, su papel como guardián de unas fronteras orientales de la UE que, sin su ayuda, podrían afrontar un éxodo masivo de población siria, iraquí o afgana.

El acuerdo migratorio sucrito por la UE con Ankara (6.000 millones de euros a cambio de frenar la llegada irregular de emigrantes a Grecia) ha dado a Erdogan un instrumento de presión que esgrime periódicamente. El presidente turco ya amenazó la semana pasada con «abrir las puertas» hacia de salida si la UE condenaba sus operaciones militares en Siria. Un chantaje que no le ha librado de la condena de la UE este lunes pero que podría haber contribuido a librarle de un embargo total de armas.

Mogherini atribuye la ausencia de un embargo europeo al hecho de que ese tipo de castigo se impone casi siempre en la UE como consecuencia de un régimen sancionador aprobado por la ONU, circunstancia que no se da en el caso de Turquía. Pero la Alta Representante también ha reconocido que la pertenencia de Turquía a la OTAN también complica la aprobación de un embargo común, porque los miembros de la UE que forman parte de la Alianza podrían tener dificultades «técnicas» en aplicarlo.