La Secretaría Anticorrupción de la Presidencia de la República pide a la Fiscalía que se investigue a Doris Soliz, actual asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC) y exministra de Inclusión Económica y Social, por un posible delito contra la administración pública. La denuncia acompañada de información fue interpuesta el pasado 31 de octubre, por la secretaria Anticorrupción (e), Dora Ordóñez.
Los hechos por los que se denuncia a la exfuncionaria de Rafael Correa se habrían dado dentro del denominado caso Coopera. Ordóñez adjuntó a su denuncia datos recabados sobre la compra del negocio productivo y bienes muebles e inmuebles de la extinta Cooperativa Coopera, realizada por el Instituto de Economía Popular y Solidaria (IEPS) y aparentemente autorizada por Soliz.
Según la Secretaría Anticorrupción, la desclasificación de la información del caso Coopera solicitada por esa cartera el 7 de agosto último y oficializada un día después por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, habría permitido que las investigaciones continúen en un hecho que habría afectado a más de 100.000 familias.
En un comunicado de prensa, la Secretaría Anticorrupción sostiene que el IEPS -mediante un oficio del 16 de enero de 2014- solicitó a la exministra Soliz la autorización para proceder a participar en la compra del negocio de Coopera.
«La investigación penal debe esclarecer por qué la máxima autoridad del Ministerio aprobó al IEPS realizar esa transacción. Aparentemente no existe base legal que sustente la acción», señala el comunicado.
Además, la Secretaría explica que el Ministerio de Finanzas, mediante resoluciones del 17 y el 28 de enero de 2014, aprobó las modificaciones presupuestarias para que el IEPS pueda comprar las acciones de Coopera en dos partes: una por $ 8.9 millones y otra por $ 1.3 millones.
