LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO ABRIÓ INVESTIGACIÓN EN CONTRA DE CUATRO CONSEJEROS DEL CPCCS.

La Fiscalía General del Estado abrió este jueves una investigación previa en contra de cuatro consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), quienes fueron acusados del delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, al dar paso a la creación de una comisión especializada para revisar la selección de los jueces de la Corte Constitucional (CC) que hicieron sus predecesores en el ente Transitorio.

Las denuncias fueron planteadas en horas de la mañana del jueves, y al llegar la noche la Fiscalía abrió la indagación previa. Geovanni Atarihuana, de la Unidad Popular; Ramiro García, del Colegio de Abogados de Pichincha, y los legisladores Jeaninne Cruz, de CREO; y Raúl Tello, del BADI, denunciaron a los consejeros José Tuárez, Walter Gómez, Rosa Chalá y Victoria Desintonio de incurrir en lo determinado en el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal. 

Esto, porque el pasado miércoles 10 de julio los cuatro consejeros -de siete que integran el Consejo- aprobaron con sus votos la creación de dicha comisión, aún cuando existe una sentencia interpretativa de la Corte Constitucional que establece que las resoluciones adoptadas por el CPCCS Transitorio no pueden ser revisadas, al emanar del mandato popular del 4 de febrero del 2018.

Como parte de la investigación fiscal, se convocó a los denunciantes a reconocer su denuncia el próximo 16 de julio; que el Consejo Nacional Electoral (CNE) remita las credenciales que les fueron entregadas a los cuatro consejeros al ser elegidos en las elecciones del 24 de marzo del 2019; y, que la Asamblea Nacional envíe las actas de posesión de los funcionarios.

El CPCCS dispuso que esa comisión esté conformada por los abogados Eduardo Taipe, Daniel Ruiz, Jorge Fabara y Jorge Sosa, quienes debían revisar “administrativamente” el proceso de selección de los magistrados de la CC.

Pero incluso este propósito no podrá efectuarse por orden de la justicia ordinaria. La tarde de este jueves, la jueza Irene Pérez Villacís, de la Unidad Penal de Quito, ordenó la suspensión inmediata del funcionamiento de esa comisión, al aceptar una medida cautelar planteada por el legislador Fabricio Villamar (Ahora).

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