Los cambios a la Ley Orgánica de Comunicación son inminentes. Por eso, la Asamblea aguarda esta semana el anunciado veto del presidente Lenín Moreno.
Según los plazos para la aprobación de las leyes, el Ejecutivo tiene 30 días para presentar su postura. El tiempo empezó a correr desde el pasado 18 de diciembre, cuando el Pleno de la Legislatura aprobó la norma en segundo debate.
El secretario nacional de Comunicación, Andrés Michelena, anticipó que el Gobierno modificaría varios artículos de esa norma. Entre ellos, la renovación directa de las frecuencias de televisión y radio; la conformación del Consejo de Comunicación, además reubicarían en otras leyes temas relacionados con la cultura, la publicidad y producción.
Los temas observados por el Gobierno también generaron las principales críticas de movimientos sociales y gremios de comunicadores y productores audiovisuales. Por ejemplo, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador consideró que esas modificaciones, incluidas en el último momento, beneficiarían a los dueños de medios de comunicación, que buscaban la renovación de frecuencias sin un concurso público. Otros cuestionamientos llegaron desde la Asociación de Productores Audiovisuales, la cual aseveró que los cambios perjudicarían a la industria nacional, que registra un crecimiento durante la vigencia de la ley.
Ambos temas fueron anexados al final del debate legislativo por el presidente de la Comisión de Derechos Colectivos, Jorge Corozo. Este grupo parlamentario estuvo a cargo de articular el texto de la reforma a la Ley de Comunicación.
Según el legislador Corozo, los cambios fueron planteados por sus compañeros en el Pleno de la Asamblea, por eso fueron parte del documento enviado a Carondelet. No obstante, también recordó que el cuerpo legal puede ser modificado mediante el veto del Presidente de la República, y luego, cuando regresa al Pleno de la Asamblea, para su revisión y aprobación final.
