La Asociación de Víctimas del llamado 30 de septiembre del 2010 (30-S), cuando se produjo una revuelta policial y militar en el gobierno de Rafael Correa, solicitó -la mañana de este martes- al Consejo de la Judicatura transitorio una investigación a los servidores judiciales, fiscales y jueces que condenaron a lo que ellos calificaron de inocentes.
Una delegación de la asociación, representada por Óscar Ayerve, acudió al organismo e hizo la entrega formal a Aquiles Rigail, presidente subrogante de la Judicatura transitoria.
Para Rigail, el país conoce y la vindicta pública ha sancionado en cuanto a las «violaciones groseras a los derechos humanos que llevaron a las celdas injustas a ciudadanos inocentes, violentando todo procedimiento e ignorando el debido proceso y por supuesto el derecho a la defensa».
Ayerve exhibió un documento, según él de la Contraloría, que demuestra que «se manipularon evidencias, falsificaron documentos, se compraron falsos testigos, se armó un verdadero concierto delincuencial para tratar de sustentar una farsa (…) y perseguir a miles de ecuatorianos de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, civiles…».
Angélica Porra, vocal de la Judicatura, será la persona encargada de estudiar los casos.
Un grupo de unas veinte personas, en los exteriores del edificio del Consejo de la Judicatura, con carteles y camisetas en sus manos, gritaban «justicia y amnistía».
Ayerve dijo además que en los próximos días irán a la Asamblea Nacional para entregar un pedido a su presidenta, Elizabeth Cabezas, de aministía
Fuente: eluniverso.com
