Justicia pide a perito enviar documentos del caso Jorge Gabela

El presidente Lenín Moreno dispuso ayer a la ministra de Justicia, Rossana Alvarado, que levante la confidencialidad sobre el contrato suscrito con el perito Roberto Meza, como aporte a la investigación del asesinato del exjefe de la Fuerza Aérea Jorge Gabela, en el 2010. Pero ella, a su vez, le pidió al experto que envíe todos los informes que él haya elaborado. Meza asegura que no posee ninguna información.

En junio pasado, cuando Meza vino a Ecuador a rendir su versión en la Fiscalía por la presunta pérdida del tercer informe que elaboró a pedido de un Comité Interinstitucional que investigó el asesinato de Gabela, expresó que no poseía ninguna copia de la pericia.

La cláusula 18 que consta en el contrato firmado el 10 de abril de 2013 señala que la propiedad material de todos los informes que se produzcan (…) serán del ministerio, “por tanto, el consultor faculta al ministerio a utilizar los productos que se deriven de la ejecución del contrato como parte de la gestión institucional”.

Y que “todos los informes y cualquier otra información anterior o que se genere como resultado de la ejecución del contrato serán propiedad exclusiva del Ministerio de Justicia”.

Por ello, Meza enfatizó: “No tenemos nada para enviar”.

Moreno escribió ayer en Twitter que como parte de su política de “transparencia, y en conformidad con la Lotaip (Ley de Transparencia y Acceso a la Información), he dispuesto al Ministerio de Justicia que levante la confidencialidad sobre el contrato suscrito con el perito Roberto Meza, como aporte a la investigación del asesinato del general Gabela”.

Casi ocho horas después, el ministerio difundió el pedido que hizo a Meza para que de manera “íntegra e inmediata” ponga a disposición de las autoridades “todos los insumos, documentos, productos e informes recabados y elaborados” como parte del contrato.

Para Patricia Ochoa, la viuda de Gabela, levantar la confidencialidad ha sido “la mejor noticia” que ha recibido, pues con ello los exfuncionarios involucrados en la investigación y que fueron parte del Comité “ya no tendrán pretexto para escudarse detrás de una cláusula de confidencialidad o propiedad intelectual…”.

César Litardo, presidente de la Comisión Ocasional de la Asamblea que investiga el caso, contó ayer que planteará una propuesta para que el perito pueda “hacer una reconstrucción de este documento” y esclarecer el caso. Esto, si es que el tercer producto del informe permanece desaparecido.

Para el constitucionalista Ismael Quintana, levantar la confidencialidad implica que tanto la Asamblea como la Fiscalía pueden requerir el contrato o conocer el contenido de los documentos, pericias y conclusiones que se hicieron. “O por último hacer venir al Ecuador al perito para que revele lo que conoce. Implica las dos cosas”.

Según el jurista Stalin Raza, el ministerio y la Procuraduría deben hacer un acuerdo con el perito en el que el Estado se comprometa a que “no lo van a procesar aunque revele información”. “Con ello se levantará la confidencialidad de todo lo que logró el perito”, opinó.

Ramiro Román, abogado de Ochoa, explicó que el ministerio debe levantar la confidencialidad del contrato para conocer qué fue lo que se contrató y lo que se haría, y así desclasificar la información.

Sin embargo, “los funcionarios además de tener amnesia están evadiendo su responsabilidad. Y todo quieren basarse en el perito, basarse en los secretarios, que ellos no han sabido nada o no se acuerdan de nada. Se trata de llevar al perito y a los secretarios la responsabilidad. Pero, en el fondo, el perito debe levantar la confidencialidad de todo lo que sabe. Y luego se hará la comprobación de todo lo que él diga. Si han desaparecido las pruebas, habrá que buscar a los responsables…”.

Fuente: eluniverso.com

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