Fiscal señala que están dentro de tiempos
En la pancarta estaban los nombres de los jóvenes y sus fotos. No eran retratos sonrientes o de ellos en situaciones familiares. Sino de cómo quedaron sus rostros, sus cuerpos, tras el incendio que hace tres meses acabó con sus vidas.
Presentarlos así fue la manera que encontraron 18 familias para pedir justicia por la muerte de ese mismo número de jóvenes en una supuesta clínica de rehabilitación de adicciones. El hecho ocurrió hace tres meses en una vivienda ubicada en las calles 26 y la I, en el suburbio de Guayaquil.
Esta semana debía realizarse la primera audiencia preparatoria de juicio en el caso, pero esta se canceló porque el abogado de uno de los procesados no se presentó y debieron asignarle una defensora pública que pidió tiempo para estudiar el caso (17 cuerpos).
Esto causó malestar y gritos afuera del Complejo Judicial Valdivia, en el sur, donde acudieron los familiares y amigos de las víctimas que cargaban carteles.
Allí estuvieron Carmen Espuner, mamá de José Asnalena, de 21 años, y otras siete madres, viudas e hijas recién nacidas de los fallecidos.
Entre gritos y llanto pedían justicia. Ellas reclamaron y empujaron a familiares y abogados de los procesados.
Había desesperación, porque entre las familias, algunas de escasos recursos, hay la sensación de que los meses pasan sin una sanción.
Temen que el caso se dilate y los detenidos recuperen su libertad, pero el fiscal César Peña indicó que los tiempos son legales y que la prisión preventiva no va a caducar.
De los siete procesados cuatro son funcionarios y exfuncionarios del Ministerio de Salud, que habrían emitido los permisos de forma irregular, pues el establecimiento no contaba con la infraestructura necesaria, ni salidas de emergencia ni extintores, ni el personal necesario.
Los otros procesados son el dueño de la clínica, un interno que supuestamente era encargado de las llaves y el médico del centro. Los dos primeros son los únicos con prisión preventiva. Actualmente, se encuentran en el Centro de Privación de Personas Adultas.
Peña sostuvo esta semana que la Fiscalía emitirá un dictamen acusatorio contra los siete procesados.
Ellos podrían afrontar una sentencia de hasta 17 años, 9 meses si son hallados culpables de homicidio, que según el Código Orgánico Integral Penal, es sancionado de 10 a 13 años, pero los agravantes incrementan un tercio más de la pena al considerarse que son 18 jóvenes muertos.
La Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Programada, en lo que va del 2019, ha recibido 63 solicitudes de asesoría para la aprobación del reglamento interno y programas terapéuticos.
Cincuenta y siete han recibido visitas de asesoría técnica jurídica hasta el 3 de abril.
Cuarenta han conseguido la licencia de funcionamiento este año, cinco en la Zona 8 y dos más en la zona rural de la provincia del Guayas.
Las familias, en tanto, esperan que haya justicia para que esto no se vuelva a repetir en un centro de desintoxicación. (I)
Hipótesis
Internos
Posible causa
La general Tannya Varela, comandante de la Zona 8, indicó el día del incendio de la clínica de rehabilitación que los internos supuestamente prendieron fuego a los colchones con la intención de escapar del centro, pero nadie logró abrir el candado de la puerta. Esto se deberá esclarecer en el proceso.
