La audiencia de formulación de cargos que se instaló alrededor de la medianoche del jueves 28 de noviembre contra José Carlos Tuárez, expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), y 33 detenidos más dentro del operativo ‘Emperador’ que se realizó en seis provincias del país, concluyó esta mañana con orden de prisión preventiva para este sacerdote.
Los detenidos eran acusados de supuesto tráfico de influencias, pero la Fiscalía cambió la acusación por el delito de asociación ilícita.
Teresa Rivas, abogada de Tuárez, dijo que no hay pruebas y que no se han hecho pericias de los supuestos audios. Lo calificó de persecución política.
Alexis Guanín, defensa de otro de los detenidos, aseguró que existe violación del proceso porque estuvieron detenidos más de 30 horas, cuando el máximo es de 24 horas por investigación.
También se quejó del cambio de delito por parte de la Fiscalía: «A la Fiscalía se le cayó la figura y cambiaron el delito para no quedar en vergueza».
El operativo fue el resultado de una investigación que «empezó hace tres meses», especificó la Fiscalía; es decir que inició en el mismo mes de agosto, cuando Tuárez -por voto mayoritario de la Asamblea Nacional- fue separado del cargo en el CPCCS por arrogación de funciones.
Según la Fiscalía, «se presume que se trata de una organización dedicada a ofertar cargos en varias instituciones del Estado, entre ellas la Dirección de Aviación Civil (DAC) y la Aduana, para lo cual presuntamente pedían grandes cantidades de dinero, que van desde los cinco hasta los veinte millones de dólares».
La diligencia se realizó en la Unidad de Vigilancia Comunitaria (UVC) Portete, en el suburbio de Guayaquil. Tuvo que suspenderse en horas de la madrugada, por alrededor de dos horas, por un quebranto en la salud del juez Marcos Guerra. El magistrado fue llevado a una casa de salud, pero luego regresó y se reanudó la audiencia.
