Prisión preventiva mientras duren los 90 días de instrucción fiscal por el delito de lavado de activos es lo que ordenó la tarde de este lunes el juez Máximo Ortega para María Sol Larrea, excoordinadora del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y exasesora del despacho del Ministerio de Industrias y Productividad.
Para el fiscal de Pichincha, Mario Muñoz, en este caso en el delito de lavado de activos investigado no solo participó Larrea, sino también su esposo Marcelo Espín y su cuñado Carlos Espín, además de seis personas jurídicas (empresas).
Muñoz aseguró que las tres personas naturales buscaron ocultar recursos de «origen ilícito, producto de los delitos contra la administración pública» a través de la adquisición de bienes muebles, inmuebles en Ecuador y Estados Unidos, así como la entrega de acciones y participaciones a familiares.
Los beneficios se habrían obtenido, explicó el agente fiscal, mediante la utilización de sociedades y de una estructura societaria compleja.
El delito por el que se los acusa: lavado de activos está dispuesto en el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (Coip) y establece penas de 10 a 13 años.
Fiscalía cree que Larrea conjuntamente con su cónyuge y su cuñado constituyeron y utilizaron compañías en el sector salud para registrar como principal cliente al IESS, instancia pública con la que habrían tenido contratos por un más de $ 35.6 millones.
Ortega estimó necesario que contra Marcelo como Carlos Espín deben operar las medidas alternativas de prohibición de salida del país y presentación periódica en el Complejo Judicial todos los lunes desde el 9 de diciembre próximo. Para las seis empresas se dictó prohibición de enajenar bienes específicos.
Para el caso de María Sol Larrea, Ortega especificó que la procesada debe ir a un Centro de Detención Provisional solo para mujeres y que debe ser la SNAI la que determine a qué lugar debe ir específicamente. Aparentemente Larrea podría ir al Centro de Ambato o a la Casa de Confianza de Chillogallo en Quito.
