El pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio (CPCCS-T) decidió cesar a los 5 miembros del Consejo de la Judicatura (CJ), con Gustavo Jalkh a la cabeza. Esta medida se toma luego de que el Consejo transitorio presentara el informe del proceso de evaluación realizado al CJ.
En ese documento se indicó que la Judicatura no cumplió con el parámetro de evaluación, ya que sus titulares fueron nombrados por el Consejo de Participación cesado en febrero pasado, «que no era independiente». El informe concluyó además que los miembros del Consejo de Participación cesado no cumplían con las garantías de independencia que debe acreditar al momento de su selección, por lo que la designación de los vocales del Consejo de la judicatura tampoco gozaba de la independencia requerida.
Según el Consejo transitorio, los vocales cesados tuvieron vínculos con el gobierno de Rafael Correa. El acto se desarrolló en el Teatro de la Universidad Central, en Quito, en presencia de sindicalistas y activistas políticos, quienes concurrieron hasta el lugar para escuchar la lectura del informe sobre el desempeño de los 5 vocales de la Judicatura, quienes no acudieron a la audiencia.
La semana anterior, durante la audiencia de presentación de pruebas de descargo, los vocales de la Judicatura abandonaron la sesión después de una discusión entre Gustavo Jalkh y el presidente del Consejo transitorio, Julio César Trujillo. Trujillo, en ese momento, ordenó que Jalkh se sentara junto con sus compañeros vocales, pero el funcionario se negó.
El presidente del Consejo transitorio, incluso, amenazó con utilizar la fuerza pública para que Jalkh se sentara. Ante esta advertencia, Jalkh y sus compañeros se retiraron del lugar. Además de Jalkh -quien lideraba el CJ- fueron cesados Ana Peralta, Rosa Jiménez, Néstor Arbito y Alejandro Subía. Vocales destituidos se pronunciarán el martes 5 de junio A través de un comunicado, el Consejo de la Judicatura (CJ) anunció que se encuentra a la espera en recibir la notificación oficial de la resolución para pronunciarse.
El organismo convocó a una rueda de prensa para el martes 5 de junio, en Quito. El CJ -en su comunicado- rechazó los calificativos vertidos de manera infundada en la resolución del Pleno del Cpccs-T, «así como las aseveraciones carentes de fundamento técnico-jurídico o fáctico para pretender sustentar sus opiniones parcializadas».
Según el comunicado, se evidenció una nueva violación al debido proceso, tanto por la inclusión de temas que jamás fueron notificados a sus miembros para ejercer el derecho a la defensa, como por el uso de otros parámetros de evaluación que no estaban expresamente indicados en el denominado ‘Mandato de Evaluación de las Autoridades Designadas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social’.
En ese sentido, la Judicatura advirtió que sus argumentos y pruebas de descargo no fueron considerados a la hora de resolver. «Con base en el artículo 10 del referido Mandato, una vez notificados formalmente, ejerceremos nuestro derecho de impugnación a la resolución tomada por el Cpccs-T», puntualizó el documento.
Fuente: eltelegrafo.com.ec
