Tras ocho meses de iniciada la auditoría, la Contraloría General del Estado aprobó el informe definitivo del examen especial al uso de fondos públicos en el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina (Ciespal) entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2017.
De esta auditoría -que fue aprobada el 14 de enero de este año, pero que fue difundida hoy entre varios de los notificados- se desprende un informe con indicios de responsabilidad penal que deberá ser indagado o descartado por la Fiscalía.
El resultado del examen (codificado como DNA2-0001-2019) contiene trece observaciones con irregularidades en el manejo de dinero público, que contemplan los recursos transferidos, en su mayoría, desde la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Senescyt).
Si bien entre 2014 y 2017 Ciespal recibió del Estado $ 10,1 millones ($ 9,7 millones desde la Senescyt), el examen especial analizó la utilización de $ 4,7 millones. El órgano de control determinó que el 92,5% del presupuesto de la institución correspondió a transferencias del Estado.
Durante el periodo analizado, el titular de la Senescyt fue René Ramírez. En el caso de Ciespal, la mayor parte de las observaciones se refieren a la gestión del español Francisco Sierra Caballero, quien estuvo al frente de la institución de 2014 hasta mediados de 2017.
Entre las conclusiones del informe están la contratación de personal y adquisición de bienes y servicios sin cumplir procedimientos y ni normas del sector público, pagos sin justificación ni documentos de sustento, deficiencias en el contrato de pólizas de seguro y en uno de comunicación con el proveedor Sidartha Films, así como en la remodelación de la cafetería.
También se señala la vinculación de funcionarios que pertenecieron a la Senescyt en el Observatorio de Ciencia, Tecnología y de Educación Superior (Observasur), liderado por René Ramírez en acuerdo con Sierra Caballero, y el pago de remuneraciones en la fundación privada Medialab con recursos del Estado.
Otras observaciones son el cambio de relación laboral y el pago de honorarios profesionales y sueldos al exdirector general del Ciespal sin respaldos, mientras este estuvo fuera del país.
Entre los argumentos de defensa de varios de los notificados está el que Ciespal es un organismo internacional, con autonomía; sin embargo, la Contraloría insistió en que la normativa nacional le respalda para auditar los fondos transferidos desde el Estado.
Fabricio Terán, cuyo nombre comercial es Sidartha Films, señaló a este Diario que si bien fue notificado del examen especial, a él no se le determinaron responsabilidades. «Y menos de tipo penal, el trabajo para el cual fui contratado se realizó a cabalidad». Aclaró, además, que no puede hacerse responsable de los procesos de contratación o de archivo de Ciespal.
La oficina de responsabilidades del organismo de control establecerá en los próximos días si existen o no glosas para la restitución de dinero a las arcas fiscales.
