Disfrazada en una jerga jurídica que deja abierta la puerta a diversas interpretaciones, el Congreso de Guatemala aprobó la noche de este martes una ley que permitirá a los presos reducir las penas impuestas por los tribunales hasta en un 50%, siempre y cuando acepten “de forma consciente, voluntaria e informada” haber cometido el delito. La reforma del Código Penal, que meses atrás se frenó ante la presión internacional liderada por Estados Unidos y la Unión Europea, no se aplicará a quienes han cometido crímenes de lesa humanidad [genocidio, desaparición forzada, tortura…], contra la niñez y adolescencia, la seguridad del Estado y reincidentes.

También contempla que solo podrán beneficiarse de la reducción de pena quienes hayan sido condenados a menos de 10 años y hayan hecho una “reparación digna e integral a las víctimas en sus componentes de indemnización, restitución y garantía de no repetición”. Sin embargo, la reforma especifica que “si [el beneficiario] no puede pagar la cantidad completa, el juez puede fijar una cuota inicial entre el 20% y el 30%, y definirá la forma de pagar el resto”, para lo cual deben presentar garantías reales.

En el inicio de su tramitación, se interpretó que estos cambios en el Código Penal iban destinados a beneficiar a los militares que cometieron delitos de lesa humanidad durante la guerra civil librada en este país centroamericano entre 1960 y 1996. Ante las críticas de la oposición y la comunidad internacional, los legisladores introdujeron un artículo donde quedan exentos los imputados por delitos de lesa humanidad. Sin embargo, su expedita aprobación, el elevado quórum que hubo en el Parlamento y las nulas discrepancias que generó entre los políticos ha hecho que muchos consideren que todo estaba consensuado entre los los partidos, algunos de ellos con importantes dirigentes encarcelados por corrupción, como Sandra Torres o el expresidente Otto Pérez Molina.

Para el sociólogo Gustavo Berganza, el espíritu original de la ley, facilitar el alivio del reo por tener procesos acumulados, es positivo, aunque “habrá que valorar si la manera como finalmente quedó aprobada resultará beneficiosa”, extremo que deja valorar a los juristas. Por su parte, el procurador de Derechos Humanos Jordán Rodas sostiene que estas reformas facilitarán la excarcelación de personas ya sentenciadas, lo que deja en entredicho la existencia de una justicia independiente y la certeza que debe prevalecer sobre la misma. “Saldrán libres reos ya sentenciados por delitos como extorsiones u homicidios, y favorecerá a personas ligadas al poder político y al sector económico”. «Dejará en libertad a gente con un perfil delincuencial peligroso”, advierte.

“Esta reforma al Código Penal incentiva al crimen organizado y la impunidad a Guatemala”, defiende el analista Manfredo Marroquín. “Evidentemente, premia la comisión de delitos, como el expolio a los bienes del Estado, que ahora resultan conmutables. Más que un retroceso, es una invitación a que los grupos que actúan al margen de la ley sigan creciendo”, añade, para comentar después que su impacto castigará aspectos como la inversión extranjera. “Ahuyentará a la empresa privada seria que tiene normas de cumplimiento estrictas”, cierra.

Esta misma tesis la defiende Luis Linares, analista de la Asociación de investigación y Estudios Sociales. “Es un insulto y una muestra de lo envalentonados que [los políticos corruptos] están. Una aberración intolerable”. Linares defiende que con esta reforma “los diputados parecen retar a la población, lo que puede conducir a que en Guatemala se vivan situaciones como las de Bolivia o Chile. Ya no serán las manifestaciones pacíficas de hace cuatro años, sino que pueden derivar en una violencia impredecible”, concluye.