El pasado viernes concluyó la primera de las tres visitas del grupo especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para recabar información sobre el secuestro y asesinato del equipo periodístico de diario El Comercio en la frontera norte.
Los comisionados regresarán a inicios de agosto y, en esta segunda estadía, emitirán conclusiones preliminares respecto de los hallazgos registrados hasta ese momento y no esperar a diciembre para las conclusiones finales, dijo el relator para la libertad de expresión de la CIDH, Édison Lanza.
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En su estadía, que se inició el pasado 24 de julio, Lanza junto con Luz Adriana Camargo, experta en medidas cautelares, y Esmeralda Arosemena de Troitiño, relatora de la CIDH para Ecuador, se reunió con las autoridades de Gobierno o sus representantes, a cargo del caso. Los ministerios de Justicia, Defensa, Interior y Relaciones Internacionales estuvieron directamente involucrados.
Recibieron la información “desclasificada” que entregó el Gobierno a los familiares de Paúl Rivas, Javier Ortega y Efraín Segarra e insistieron, al igual que ellos, en la necesidad de obtener la totalidad de la información. Lanza y Camargo agradecieron la apertura del Gobierno.
A manera de cierre de esta primera visita, Lanza anunció que se ha pedido al Gobierno ahondar en información y explicaciones jurídicas sobre cuatro temas: la situación en la frontera en los cuatro o cinco meses antes del secuestro y asesinato, la protección y seguridad de los periodistas y las medidas preventivas que se tomaron para su trabajo.
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También, el manejo del secuestro y de las negociaciones que hubo para la liberación y los hechos ocurridos en la frontera como las explosiones, el asesinato de militares y luego de una pareja de civiles, que tienen que verse en conjunto.
Lanza además entregó 44 observaciones sobre la Ley de Comunicación a la Asamblea que debate un proyecto de reformas. Uno de los puntos es la insistencia de que la comunicación no es un servicio público, sino un derecho.
Fuente: eluniverso.com
