Más de 150 militares llegaron a Zaruma para realizar controles en la zona del socavón, que el miércoles pasado obligó a evacuar a unas 300 personas ante el desplome de dos casas y el riesgo que corren otras.
El sector de las calles Colón, 29 de Noviembre y Alberto Castro está custodiado tras el estado de excepción decretado el jueves por el presidente Guillermo Lasso.
Varios moradores buscaron refugio en casas de parientes o en los albergues habilitados.
El Gobierno ha indicado que durante este periodo de excepción por 90 días se analizará el estado en el que se encuentra el socavón, para luego encontrar las soluciones.
Primero se realizarán estudios técnicos para determinar las causas del socavón que provocó el colapso de las viviendas.
El asunto no es sencillo. Zaruma, ciudad orense patrimonio del Ecuador, arrastra un problema debajo de su casco urbano, por donde corren decenas de galerías subterráneas dejadas por la minería. Una minería ilegal a la que los moradores culpan.
Es un problema que viene desde hace años y que se debatió en el 2016, cuando un socavón afectó el sector de la escuela La Inmaculada.
Dentro del nuevo socavón, que desde el aire parece un cráter, se ve una especie de hueco al costado de la pared.
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Foto: Freddy Macas
El viceministro de Minas, Xavier Vera, dijo que al parecer en este último socavón un domo habría colapsado producto de una descarga que habrían provocado en el subsuelo de la calle Colón.
Lasso, el jueves pasado, dijo que no era posible hacer una obra de relleno, pues podía repetirse el problema. “Es un tema complejo, pero solucionable, se requiere cabeza, tiempo y recursos económicos que el Gobierno va a poner”, indicó.
Desde el jueves hasta la mañana de ayer, habitantes seguían con la evacuación de sus pertenencias con ayuda de elementos del Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional, Ejército y Cruz Roja.
“Estamos sacando las cosas desde la casa de mi hijo que con tanto esfuerzo logró conseguir, con esto que está sucediendo creo que será imposible regresar a vivir en este sector, porque el riesgo seguirá por la minería ilegal”, señaló Yuliana Sánchez, quien con ayuda de unos parientes embarcó los enseres en una camioneta alquilada.
El servicio de energía eléctrica quedó suspendido por la caída de postes y redes en la zona del socavón. Asimismo, los locales comerciales también tendrán que cerrar sus puertas, generando pérdidas económicas por el cese de sus actividades.
“Han sido más de 30 años de servicio a nuestros clientes y hoy tenemos que irnos porque estamos en riesgo”, dijo la propietaria de un local de venta de flores ubicado en las calles 10 de Agosto y Bolívar, a una cuadra del nuevo socavón.
Entre los moradores hay temor porque el peligro se mantiene en la zona con el resquebrajamiento de estructuras aledañas al área del socavón, en las calles Colón, 29 de Noviembre y Alberto Castro. Las autoridades informaron que se amplió el perímetro de riesgo del hundimiento de 25 a 30 metros de diámetro.
Y aunque el Gobierno no ha especificado cuántos recursos se destinarán para atender el estado de excepción, los vecinos esperan que haya una solución definitiva y no más estudios que no logren dar tranquilidad.
El presidente dijo que se quiere una solución estructural y definitiva para que la zona de exclusión sea respetada por la minería ilegal.
Mientras, ayer, el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) indicó que gestiona la entrega de un bono de contingencia por desastres naturales para el apoyo a las familias afectadas.
Sobre el apoyo, que aún no se ha precisado el monto, el principal del MIES, Esteban Bernal, indicó que se coordinan con organismos internacionales las medidas necesarias a fin de contar con los recursos.
