Al finalizar la cuarta jornada de negociaciones, la mesa temática Banca Pública y Privada del diálogo que mantiene el Gobierno y los sectores indígenas llegaron a un primer acuerdo. Los equipos técnicos de las partes, dirigentes, autoridades y testigos de honor procedieron a firmar el acta de acuerdo cuyos contenidos serán expuestos en los próximos días.
Iván Andrade, presidente de BanEcuador, hizo una precisión: “Tenemos un instrumento sobre el cual nos ponemos de acuerdo”. Lo dijo a pocos minutos del cierre de la edición de este Diario.
La mesa analizó los cuatro ejes planteados el 15 de julio: condonación de deuda que partió con la emisión del Decreto 456, reestructuración de financiamiento de la deuda a 10 años plazo y 3 de gracia, recalificación de los deudores en el sistema financiero y crédito accesible. Hasta el cierre de esta edición no se emitían los putos del acuerdo.
Otros sectores
Representantes de otros sectores sociales que no están en los diálogos con el Ejecutivo hablan de las soluciones pendientes que tienen el Gobierno y sus instituciones respecto a sus demandas. “No hemos renunciado al derecho a la resistencia y a la protesta social”, expresó José Villavicencio, vicepresidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT).
Antes de las movilizaciones de los indígenas, el FUT ya trataba el tema de reformas laborales en un diálogo con el Gobierno. También discutía sobre la seguridad social con el Gobierno, dependerá de este “el volver a convocar, obviamente, si no lo hace estaremos tomando acciones y medidas. No necesariamente esperando los 90 días de plazo que tiene para tratar en las mesas (con las organizaciones indígenas). Debería el Gobierno preocuparse de esos aspectos, que hasta el momento no lo hace”, refirió Villavicencio.
El dirigente dijo que la semana anterior se entregó documentación con los planteamientos de los trabajadores al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), al presidente Guillermo Lasso y al Ministerio de Trabajo. Si no responden en estos días, la próxima semana anunciarán las medidas a tomar. Ejemplificó que hay conflictividad laboral sin resolver sobre los despedidos de empresas públicas como Correos del Ecuador, Tame, entre otros. Los trabajadores buscan respuestas con solución a los problemas, por ello el FUT pedirá una audiencia al nuevo ministro de Finanzas, Pablo Arosemena.
Empleo y derechos laborales es la temática de la cuarta mesa entre el Gobierno y el movimiento indígena, que se debe instalar el 20 de julio, según el cronograma de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. El dirigente sindical aseguró que el FUT no ha sido notificado para ser parte de ese diálogo, pero considera que “lo correcto” es retomar con ellos las mesas que se desarrollaban desde antes del paro y no desde cero.
Demanda
El FUT y sus organizaciones presentaron una demanda de inconstitucionalidad sobre el Decreto Ejecutivo 457, referente a los lineamientos para la optimización del gasto público. Cuestionan en particular al artículo 40 que ordena establecer plantillas óptimas, con personal actualmente contratado, en los sectores de educación y salud. Les preocupa la supresión de contratos y que se perjudique el derecho al trabajo.
A esta acción apoyó la Unión Nacional de Educadores (UNE), que también exige el pronunciamiento de la Corte Constitucional para que la equiparación salarial entre en vigencia con la publicación de la reforma en el Registro Oficial.
La presidenta del gremio, Isabel Vargas, indicó que las exigencias continuarán de forma independiente al desarrollo de las mesas técnicas del movimiento indígena. La UNE aceptó dialogar con el Ministerio de Educación. “Si el Gobierno insiste en tener oídos sordos, nos levantaremos de la mesa y continuaremos con las medidas de resistencia al que tenemos derecho”, advirtió. En mayo los docentes protagonizaron una huelga.
Plantón
Verónica Chávez, vicepresidenta del colectivo Reacción, precisó que solicitaron a la Conaie ser parte de los diálogos, pero que las acciones del gremio no han parado y este martes 19 de julio habrá un plantón en los exteriores de la Asamblea Nacional. Un grupo, en conjunto con la Asociación de Enfermeras del Ecuador, ingresará para solicitar que se apruebe la Ley de Carrera Sanitaria.
“Seguimos con las acciones en escalada, dependiendo de qué respuestas nos den las entidades del Estado”, afirmó. Tras la declaración de emergencia en el sector de la salud, el colectivo prepara una propuesta. Además, presentarán un análisis situacional a la dirigencia de la Conaie para lograr su respaldo oficial.
