El futuro de la canciller María Fernanda Espinosa, en el ámbito diplomático internacional y en su cargo como Ministra, depende de las votaciones que se realizarán el 5 de junio del 2018 para elegir al Presidente del 73 período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (AGNU).
Si Espinosa llega a la Presidencia de la ONU, renunciará a su puesto en el Gobierno del presidente Lenín Moreno, según anunció el secretario particular de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán, en una entrevista televisiva.
Desde la Cancillería no se ha emitido un pronunciamiento oficial al respecto; en un principio la funcionaria habló de pedir licencia a su cargo durante el año que se desempeñaría como titular de la Asamblea de la ONU, desde septiembre de 2018.
Si gana, Espinosa se plantea trabajar en la promoción y protección de los derechos humanos, el fortalecimiento del derecho internacional y los mecanismos de cumplimiento, el desarme, la paz y la asistencia humanitaria, el financiamiento para el desarrollo y el cumplimiento de la Agenda 2030 así como de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
La victoria de Espinosa está en manos de 193 representantes de los países miembros, quienes deberán decidir entre la Ministra ecuatoriana y la representante de Honduras, Mary Elizabeth Flores. El voto será de carácter secreto, Ecuador ya tendría el respaldo de los países del Parlamento Andino (Bolivia, Chile, Colombia y Perú).
Mientras que, Honduras contaría con el respaldo de las naciones del Sistema de Integración Centroamericana. La ganadora del proceso será la candidata que alcance la mayoría simple; es decir, más de 98 votos. En una entrevista, en un medio colombiana, Espinosa aseguró que, a escala diplomática, su candidatura ha recibido un apoyo “ampliamente mayoritario”.
Sin embargo, los ecuatorianos no están muy de acuerdo con su participación. Una encuesta de Cedatos revela que el 79% de 1 974 encuestados no votarían por Espinosa a la presidencia de la ONU. El futuro de la Canciller también depende de la calificación del proceso de juicio político, por parte del Consejo de Administración Legislativa, desde la Asamblea Nacional; donde se podría llegar a una destitución y censura política de la funcionaria ecuatoriana.
Fuente: elcomercio.com.ec
