La Fiscalía General notificó ayer a la Vicepresidenta, María Alejandra Vicuña, que inició una investigación por las acusaciones de supuestos cobros indebidos a un excolaborador mientras fue asambleísta.
Ruth Palacios, titular encargada de esa institución, decidió abrir un expediente “para investigar la comisión de presuntos delitos y sus responsables” y Vicuña fue notificada para que pueda ejercer el derecho a la defensa. La indagación previa número 195-2018-DRR se abrió formalmente el miércoles pasado, dos días después de que el caso se hiciera público, y dentro de ese expediente ya se ordenaron las primeras diligencias.
Entre esas, la Fiscalía requirió que la Asamblea le envíe información del período en el cual Vicuña fue legisladora (hace seis años), los funcionarios que formaron parte de su despacho y la certificación laboral de su exasesor Ángel Sagbay, quien presentó una declaración juramentada. También al Consejo Nacional Electoral (CNE) le solicitó las credenciales del cargo de elección popular de Vicuña y si ella y Sagbay tienen alguna afiliación a un partido político. Otra diligencia solicitada fue la entrega de información bancaria de las cuentas de ambos.
La Fiscalía ofició a los bancos Pichincha y Machala para que en el plazo de cinco días remitan copias certificadas sobre la apertura de la cuentas, beneficiarios, registros de transferencias, depósitos, retiros, giros nacionales y extranjeros y toda actividad financiera realizada entre el 1 de junio del 2011 al 31 de mayo del 2013. En tanto, para el próximo 3 de diciembre, a las 10:00, citó a Ángel Polivio Sagbay Mejía, para que rinda su versión libre y voluntaria en la Fiscalía. Ese mismo día deberá acudir el activista político Andrés Páez, para que reconozca su firma en la denuncia presentada contra Vicuña sobre los posibles delitos de concusión y tráfico de influencias.
En una declaración juramentada ante notario público, realizada a finales de octubre pasado, Sagbay adelantó que entre 2012 y 2013 depositó a Vicuña USD 300 mensuales durante el primer año y USD 1 400 mensuales el segundo, es decir, más de USD 20 000. Él es un abogado de 40 años ligado al movimiento oficialista Alianza País (AP). Por esa tienda política llegó a ser director cantonal de la organización en Gualaquiza, en Morona Santiago, para el período 2014-2016, cuando el grupo era liderado aún por el expresidente Rafael Correa.
La Vicepresidenta lo ubica también como un dirigente provincial de la Alianza Bolivariana Alfarista (ABA), y argumentó que los cobros se destinaron para financiar a este movimiento político. En la Asamblea, Fabricio Villamar (Creo) presentó ayer un proyecto de resolución para que el Pleno discuta la posibilidad de exigir la renuncia a Vicuña. Eso tuvo la venia de 87 de 111 legisladores presentes, mientras la bancada de Alianza País se abstuvo. La presidenta Elizabeth Cabezas (AP) decidió que el tema se discutiera después del tratamiento de la Pro forma presupuestaria, que continuaba hasta el cierre de esta edición. Villamar, además, logró recolectar 56 firmas de apoyo para plantear un pedido de juicio político en contra de Vicuña. Por Ley se requerían 46.
Casi todas las bancadas se sumaron, menos el oficialismo. “Yo creo que lo principal en este caso es que se lo resuelva dentro de la justicia ordinaria. También hay que ser un poco delicado en los procedimientos”, manifestó César Litardo, coordinador de AP. El asambleísta Guillermo Celi, líder de SUMA, Cristina Reyes, del Partido Socialcristiano (PSC), esperan que este proceso no tenga las mismas “trabas” que se presentaron el año pasado cuanto la oposición intentó que el entonces vicepresidente, Jorge Glas, sea censurado. En el caso de Glas, quien afronta una sentencia de seis años de cárcel por la trama de corrupción de Odebrecht, el pedido de juicio político quedó “en el limbo” en la Comisión de Fiscalización que preside la oficialista María José Carrión.
Fue un informe de la Contraloría que derivó en la destitución de Glas tras confirmarse la responsabilidad administrativa culposa en el proceso de adjudicación de un pozo petrolero, cuando él se desempeñaba como ministro de Estado. Celi reconoce que hay vacíos en la Ley de la Función Legislativa para estos procedimientos que, por ejemplo, no fijan plazos para que el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) califique estos pedidos. El proceso contra Vicuña se fundamenta en el artículo 129 de la Constitución, el mismo que se intentó aplicar a Glas. Allí también se señala que “para iniciar el juicio político se requerirá el dictamen de la Corte Constitucional”, que actualmente se encuentra en vacancia.
Durante una entrevista para radio Majestad, la primera que atiende luego de estallar el escándalo, Vicuña reconoció ayer haber recibido depósitos de Sagbay en su cuenta bancaria personal. La Vicepresidenta aseguró que los fondos eran para el movimiento ABA, pese a que no está reconocido en el CNE, lo que le impide abrir una cuenta bancaria a nombre de esa organización política. “No está en el registro electoral porque nosotros decidimos ser parte integrante del movimiento Alianza País. ABA es una organización de hecho, no de derecho”, enfatizó. A su juicio, todo se trata de una “calumnia e infamia” y una “patraña de actores políticos” para perjudicarla con “una campaña sistemática” de desprestigio. Vicuña también negó que existiera nepotismo en su gestión y descartó pedir licencia o renunciar para defenderse de las acusaciones.
