FISCALÍA INVESTIGA TRES ACTOS DE VIOLENCIA EN IBARRA.

El portón de la casa de Indira Espinosa, que desemboca en la calle, se cierra con dificultad.

Las bisagras y seguros quedaron dañados luego de que un grupo de personas que protestaba el domingo 20 de enero del 2019 en el centro de Ibarra (Imbabura) forcejeó hasta abrirla. “Aquí arriendan a venezolanos. No los escondan”, gritaba la muchedumbre, mientras golpeaba con palos y piedras la puerta. Los metales de color café del portón también quedaron hundidos.

La mujer recuerda que la turba ingresó a una habitación. Pero, previamente, sus ocupantes, una pareja de extranjeros y sus dos niños que rentaban el lugar, pudieron esconderse en el techo de un inmueble vecino. Temían ser agredidos por la multitud.

Los atacantes, algunos de los cuales llevaban el rostro cubierto con camisetas, sacaron los colchones, ropa y juguetes y los quemaron en la vía pública. Aún se puede ver la mancha negra que produjo el fuego en la calzada.

La turba visitó siete casas, para exigir que los ocupantes foráneos las abandonaran inmediatamente. De dos viviendas más sacaron las pertenencias y las incineraron.

Casa allanada por la turba en Ibarra. Foto: Álvaro Pineda para EL COMERCIO

La propietaria de una de esas casas presentó una denuncia en la Fiscalía de Imbabura. Recuerda que les decía a los manifestantes que es propiedad privada y que en el interior hay niños. Pero no se detuvieron y entraron. Silvia Juma, fiscal provincial, explica que el caso se investigará por invasión y daño a la propiedad privada.

Esta es una de las tres denuncias que llegaron a las oficinas fiscales hasta el mediodía de ayer, 22 de enero del 2019, por hechos de violencia generados tras el asesinato de Diana Carolina, la noche del pasado sábado 19 de enero del 2019. Una ciudadana colombiana también presentó una queja judicial. La mujer fue agredida con golpes e insultos, al igual que tres de sus familiares, mientras vendían caramelos y limpiaban parabrisas en una avenida de la urbe.

Un local atacado el domingo 20 de enero del 2019. Foto: Álvaro Pineda para EL COMERCIO

Comenta que llegó a Ibarra hace tres meses y no ha podido conseguir un trabajo formal. Es por eso que labora en la calle. Recuerda que un grupo de 10 personas se acercó amenazante y los agredieron el lunes último.

Este caso se puede tratar como delito de odio, porque a más de la discriminación las víctimas fueron golpeadas, explica la fiscal provincial. La tercera demanda está relacionada con la destrucción de los cristales de las ventanas de la Fiscalía Provincial.

El incidente ocurrió el domingo pasado, 20 de enero, mientras un grupo de ciudadanos se aglomeró a las afueras del edificio. “Se pudo actuar inmediatamente y detener a los responsables, por tratarse de un caso de flagrancia. Pero se quiso evitar enfrentamientos por la tensión que se vivía en ese momento”, asegura Juma.

Ahí se identificó que había grupos que gritaban consignas contra el femicidio. Otros, en cambio, exigían la salida de extranjeros. “Unos eran vándalos que lanzaron piedras a los cristales”, explica Juma, al recordar todo lo ocurrido. Los manifestantes se alteraron luego de que corrió un rumor de que varios policías, que intentaron rescatar con vida a Diana Carolina, habrían sido detenidos. Las autoridades desmintieron que haya ocurrido aquello.

Entre los bienes afectados también está un hostal, que fue atacado la madrugada del lunes. Los manifestantes golpeaban las puertas con palos y piedras pidiendo que salgan los huéspedes extranjeros. La Fiscalía Provincial explicó que se iniciará el proceso en torno a la vivienda afectada cuya propietaria presentó la denuncia.

Sin embargo, el caso se puede extender al resto de inmuebles afectados. Para ello, los agentes fiscales designados para realizar las investigaciones recogerán las pruebas de testigos, videos y fotografías captadas durante los dos días que duraron los incidentes en Ibarra.

Rocío Rosero: ‘Urge activar el sistema para frenar la violencia’ Subsecretaria de Derechos Humanos Con la implementación de la Ley Orgánica para la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género buscamos activar el sistema. Para por ejemplo, contar con un registro administrativo que siga nominalmente la situación de víctimas. ¿Qué quiere decir? Que cuando una mujer acuda al centro de salud con los primeros síntomas de maltrato, empecemos a encender las alarmas. Que si se produce una alerta en el 911 tengamos un segundo registro. Que no nos vuelvan a ocurrir casos como el de Diana Carolina (en Imbabura) y otras mujeres que murieron con la boleta de auxilio en la cartera porque no nos activamos como instituciones del Estado. ¿Qué debiera ocurrir? Significa que la Junta Parroquial y Consejo de Protección de Derechos activen formas de interrelacionarse en cada territorio, no hay fórmulas.

En Tungurahua se ha desarrollado un sistema apoyado desde la Prefectura. Así la respuesta es rápida, los delegados de las instituciones incluso tienen un chat de WhatsApp, para estar conectados las 24 horas del día. Pero requerimos que eso no ocurra en un sitio del país sino en todo el Ecuador.

No es solo voluntad política, depende de una acción mancomunada, que empieza con la decisión de cada funcionario, de cumplir con la Ley. Hace falta dejar la impavidez, que se vuelve una impunidad social frente a situaciones de violencia. Dejan pasar y no les importa, desestiman sus testimonios en la Función Judicial. Eso implica cambio de patrones socioculturales y vigilancia mutua.

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