FISCALÍA INDAGA 10 CONTRATOS QUE EL PERITO MEZA FIRMÓ EN EL PAÍS.

La notificación llegó a Brasil hace cinco días. A través de un oficio, la Fiscalía de Ecuador pidió al perito en Criminalística Roberto Meza que entregara los contratos por los 10 trabajos que realizó en el país. Para el envío de los documentos, la entidad le dio un plazo de cinco días. Además, le informó que existe una investigación en curso y que las contrataciones son necesarias para ese expediente fiscal. La notificación tomó por sorpresa a Meza, quien este martes 28 de agosto del 2018 conversó con EL COMERCIO vía telefónica.
El perito no comprende por qué la Fiscalía está indagando sus contratos, pues dice que todos fueron legales y ya finalizaron. También le llama la atención que la solicitud de la Fiscalía se realice luego de que la Comisión de la Asamblea, que investiga el asesinato del excomandante de la FAE, Jorge Gabela, había pedido que sea nuevamente contratado para que reconstruya el informe final sobre el crimen del exjefe militar. Fiscalía indaga 10 contratos que el perito Meza firmó en el país Por ese documento, que actualmente está desaparecido, el experto compareció ante la Fiscalía y la Asamblea Nacional. En los dos entes dijo que no tiene una copia del documento y que toda la información fue entregada al Ministerio de Justicia, entidad con la que suscribió la adjudicación. Pero, ¿cuáles son los contratos que se indagan? Se trata de las experticias que ­hizo entre el 2010 y el 2013 (ver infografía). La mayoría de sus trabajos tiene que ver con el esclarecimiento de homicidios. Por esos informes, el perito cobró remuneraciones que van desde los USD 4 000 hasta los USD 30 000. El primer caso que Meza indagó en el país fue la muerte de Bosco Wisuma, un profesor shuar que falleció en medio de las protestas del 30 de septiembre del 2009, en Morona Santiago.
Al principio, los dirigentes indígenas dijeron que el maestro fue asesinado por un disparo de la Policía, pero el informe de Meza concluyó que el proyectil era de un arma artesanal. Esa investigación fue adjudicada a Meza a través de la Comisión de la Verdad. Este ente fue creado por el anterior Gobierno e indagó casos de vulneración de derechos humanos. Meza recuerda que la Comisión se contactó directamente con él y tras enviar su hoja de vida y sus trabajos en otros países, el organismo procedió a contratarlo para el caso. Ese no fue el único trabajo que realizó para la Comisión. En tres años, Meza indagó otros dos homicidios. En esa lista están los casos de Damián Peña, un joven de 16 años que falleció en el 2002, en Cuenca, y el de Fernando Barros, un universitario que murió en medio de un operativo policial. En ambos, Meza concluyó que habían fallecido por balas que correspondían a miembros de la Policía. El cuarto trabajo que realizó Meza para la Comisión de la Verdad fue una capacitación que dio a la Fiscalía sobre crímenes de lesa humanidad. Según archivos de la Comisión, este trabajo lo hizo junto con una universidad.
Después, el experto participó en concursos públicos para adjudicarse las investigaciones por el caso de los hermanos Restrepo, el asesinato del excomandante Gabela, una veeduría del 30-S y el caso de César Coronel. Este último corresponde a la muerte de un subteniente de la Policía, que fue hallado sin vida en su dormitorio en Sucumbíos, en julio del 2012. Los reportes policiales indicaban que el oficial se suicidó con su arma de dotación, la cual fue encontrada en su mano derecha. Pero el peritaje de Meza descubrió que se trataba de un asesinato, pues el oficial era zurdo. El padre del oficial dice que el experto reveló hasta los nombres de los implicados, pero las autoridades nunca le entregaron la investigación del experto argentino. Por eso, el caso está en Cortes Internacionales, pues en el país sigue sin resolverse. Meza confirma que la familia del subteniente no tuvo acceso a su trabajo. Él denuncia que lo mismo ocurrió en el caso Gabela. La diferencia, según el perito, es que en el caso de Coronel, él mantiene una copia del informe que fue entregado al Ministerio del Interior, ente que adjudicó la contratación. De hecho, de los 10 trabajos que la Fiscalía indaga, Meza dice que tiene los respaldos de todos, pero que solamente pue­de entregar nueve de ellos.
Esto ocurre debido a que uno es de carácter privado. Se trata de la investigación que hizo sobre el fallecimiento de Martín Garzón, un joven de 16 años que murió tras ser impactado por una volqueta en Quito. Sus padres pagaron por los servicios de Meza, quien reveló que el conductor de la volqueta fue el responsable.
El resto de contratos sí será entregados a la Fiscalía. Aunque señala que parte de ellos están en los expediente de la misma Fiscalía. Mientras las indagaciones sobre los contratos avanzan, la siguiente semana se prevé que la Comisión legislativa sobre el caso Gabela defina si se concreta la nueva contratación del extranjero. La Contraloría también recomendó que se reconstruya ese informe. Otra investigación en la que se solicitan sus servicios es sobre la desaparición del joven quiteño David Romo. Alexandra Córdova, madre del universitario, ha pedido al Estado que se organice una pericia independiente de su caso.

FUENTE: Diario El Comercio.

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