FISCALÍA BUSCA VINCULAR A CUATRO PERSONAS AL CASO QUE INVESTIGA LA MUERTE DE UN POLICIÍA Y DOS MILITARES EN EL 30S.

Pese a que se reformularon cargos en la causa que investiga la muerte del policía Froilán Jiménez y los militares Darwin Panchi y Jacinto Cortez, durante la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010, y en lugar de investigar el delito de homicidio se pasó a analizar un asesinato cometido bajo la modalidad de ejecución, lo que no se logró en la audiencia del pasado martes fue vincular a cuatro personas a la instrucción fiscal que ya cumplió 90 días.

La jueza de Pichincha Luz María Ortiz no pudo instalar la diligencia debido a que la fiscal del caso y el abogado de la familia Jiménez Granda, Edwin Romero, señaló este último, hicieron conocer que servidores militares en servicio activo, es decir funcionarios públicos, estaban defendiendo a militares en servicio activo que iban a ser vinculados a un caso en el que se analizarán conductas personales.

Edwin Romero explicó que en el Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ) se señala que existe incompatibilidad para poder patrocinar causas por parte de funcionarios públicos.

«Se instaló un servidor militar en servicio activo y venía a defender conductas de carácter personal cometidas por servidores militares. Ahí hay una incompatibilidad y ya existe un pronunciamiento de parte de un juez de garantías penales en la misma causa por la muerte de Froilán Jiménez, que ese tipo de funcionarios no pueden patrocinar asuntos que no sean de carácter institucional y en este caso son conductas de carácter personal», apuntó el abogado de la familia del cabo de Policía fallecido.

Las personas a las que Fiscalía busca vincular o que se las incluya en el proceso penal ahora por el delito de asesinato contemplado en el artículo 140, numerales 2, 4 y 5 del actual Código Orgánico Integral Penal, son Fernando Castro, Marco Cano, Luis Orozco y Patricio Guadalupe.

Ellos se suman a los oficiales en servicio pasivo de las Fuerzas Armadas Luis Castro, Paúl Guzmán, Jorge Merino, Jorge Peña y Hegel Peñaherrera, quienes ya fueron investigados durante 90 días por homicidio y ahora, una vez que la instrucción fiscal se extiende 30 días más por la reformulación, serán procesados por el delito de asesinato.

La fiscal Claudia Romero explicó en su impulso del 17 de diciembre último que la presunta ejecución extrajudicial, que sería una grave violación de derechos humanos, subsume al delito de asesinato, con las circunstancias de colocar a la víctima en situación de indefensión, inferioridad o aprovecharse de esta situación, buscar con dicho propósito la noche y utilizar medios capaces de causar grandes estragos.

El abogado de la familia Jiménez señaló que se opuso a que se instale una audiencia de vinculación en estas condiciones, porque quería evitar que se originen vicios que puedan afectar la validez de todo lo actuado a futuro. Según él, la jueza dispuso a la Fiscalía para que en 24 horas notifique a las personas que van a ser vinculadas para que señalen casillero judicial y así se dé la diligencia mañana viernes a las 08:00 en el Complejo Judicial Norte, en Quito.

«Hay una gran probabilidad de que dentro de las cuatro personas a las que se va a vincular esté quien mató a Froilán Jiménez. Entonces a esta defensa no le conviene que nuevamente se declare una nulidad por ese tipo de inobservancias, sobre todo cuando tenían pleno conocimiento los servidores militares de que fueron a patrocinar a sus compañeros, que no puede ir el patrocinio legal por ser incompatible, de acuerdo al COFJ, por ser funcionarios públicos», concluyó Edwin Romero.

Los cinco oficiales en servicio pasivo procesados habrían cumplido varias funciones durante la denominada Operación Rescate que estuvo a cargo de las FF. AA. la tarde y noche de ese 30-S: Castro fue el director del operativo militar para sacar del hospital de la Policía al entonces presidente Rafael Correa; Peña fue el director de Operaciones del Comando Conjunto de las FF. AA.; Peñaherrera fue el comandante de la Primera División Shyris; Guzmán fue el comandante del Grupo Especial GEO; y Merino fue el comandante del Grupo Especial de Comandos.

Paúl Ocaña, abogado del general Peñaherrera, aseguró que su cliente no dispuso ni autorizó ni comandó ni estuvo presente en ningún operativo el día 30 de septiembre de 2010. Por ello adelantó que ya solicitaron a la Fiscalía la realización de un peritaje de línea de tiempo que recoja minuto a minuto las acciones y ubicaciones de su cliente durante la jornada del denominado 30S.

FUENTE: DIARIO EL UNIVERSO.

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