Los familiares del periodista Javier Ortega, del fotógrafo Paúl Rivas y del conductor Efraín Segarra analizan cómo manejarán la información del secuestro y asesinato del equipo, una vez que sea desclasificada. Los allegados no han decidido aún si la harán pública, si exhibirán una parte o definitivamente la mantendrán en reserva.
Lo que sí está claro es que primero revisarán los expedientes. “Vamos a ver si todo está completo o falta algo. Luego decidiremos qué hacer”, dijo este jueves, 10 de mayo del 2018, Ricardo Rivas, vocero de las tres familias.
Horas antes, el Gobierno anunció que el próximo lunes 14 entregará los archivos reservados sobre el plagio y asesinato de los trabajadores de EL COMERCIO, a manos del autodenominado Frente Óliver Sinisterra. Los expedientes del caso incluyen las bitácoras de la Policía y de las Fuerzas Armadas.
Además, entregarán partes informativos, informes ejecutivos y reportes sobre las comunicaciones que hubo con el grupo de captores. Los tres profesionales fueron secuestrados el 26 de marzo pasado, en la población fronteriza de Mataje; la confirmación de su muerte se produjo el 13 de abril.
La información desclasificada abarcará las diligencias investigativas que se hicieron durante ese período. El anuncio sobre la entrega de la información la hizo la canciller María Fernanda Espinosa, junto con el secretario de Comunicación, Andrés Michelena, y el secretario del Presidente, Juan Sebastián Roldán. Espinosa señaló que el propósito de levantar el sigilo responde al pedido que las familias hicieron al presidente Lenín Moreno.
Los allegados también decidieron crear una comisión internacional para que investigue el hecho. Según Espinosa, esa comisión se implementará vía Decreto Ejecutivo y se han hecho pedidos para que la lidere la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La contraparte por el lado de Ecuador estará a cargo del Ministerio de Justicia.
Rivas dijo que pese a lo doloroso que es conocer los detalles del caso, esta será la única forma para llegar a la verdad. “Tenemos que sobreponernos para conocer lo que pasó, saber qué se hizo y qué se dejó de hacer”. Para los allegados hay interrogantes que todavía no tienen respuestas: ¿Por qué los mataron? ¿Qué pasó en esas primeras horas del secuestro? “Tenemos que saber lo que pasó”, insistió.
Roldán detalló que desde el lunes, 14 de mayo del 2018, una vez que se cumpla con la entrega de los archivos, serán los familiares los responsables sobre el uso que le den. “Serán los familiares los que decidan cómo manejar esa información. Cuando la entreguemos, dejaremos de ser los custodios”, aseguró.
La primera vez que se habló sobre la liberación de la información fue el 17 de abril, tras una reunión que mantuvo Moreno con el Consejo de Seguridad Pública del Estado (Cosepe). La idea del Mandatario es que “el pueblo ecuatoriano conozca los esfuerzos del Estado por garantizar la vida de nuestros compatriotas”.
En aquella cita también se analizó por primera vez el secuestro de Óscar Villacís y su novia Katty Vanessa Velasco, en la frontera norte, sobre quienes actualmente no hay información. Este jueves, este organismo se reunió por cuarta vez en este año. A la cita acudieron 10 altos funcionarios del Estado.
Entre estos la vicepresidenta María Alejandra Vicuña. Al finalizar, Andrés Mideros, secretario general de la Presidencia, informó que los ministros del Interior y de Defensa presentaron la nueva política de seguridad y de defensa nacional. Se decidió, por ejemplo, emplear una Fuerza de Tarea Conjunta, reforzada por un grupo de Fuerzas Especiales. Estará a cargo de un general.
Además, se redistribuirá el personal de grupos élite de la Policía, como el GOE, GIR y el servicio antidrogas GEMA; se reactivarán los controles integrados y se ampliarán los patrullajes fluviales. Pero también se potenciarán los servicios de educación, salud y producción, se crearán incentivos económicos para la actividad comercial y productiva de la zona y se fortalecerá a las cabeceras cantonales.
En contexto El Gobierno ha reconocido que los problemas en la frontera norte son el tráfico de drogas, de armas, explosivos, precursores químicos y contrabando. Desde enero pasado, en los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro, de Esmeraldas, hay estado de excepción.
Fuente: elcomercio.com
