En la Asamblea continúa el inventario de bienes y documentos. Esa actividad se mantiene a dos semanas de que el primer mandatario, Guillermo Lasso, disolvió esta Función del Estado y convocó a nuevas elecciones generales. Alrededor de 1 100 exfuncionarios y los 137 legisladores aguardan por su liquidación.
La entrega de los bienes que tenían los asambleístas, las 15 comisiones especializadas y las autoridades del Parlamento se da en función de un cronograma. El proceso arrancó el lunes 29 de mayo, a 12 días de la aplicación de la figura de la muerte cruzada. Está previsto que concluya el próximo 27 de junio.
A los exasambleístas les corresponde devolver sillas, escritorios, computadoras, celulares y otros equipos tecnológicos que empleaban. «Va la gente de control de bienes y verifica qué bienes están. Y luego ven qué persona es la responsable. Al final se firma un acta para el trámite de la liquidación», dijo Ana Torres, quien era asesora legislativa.
Ella contó que en su caso debió firmar un acta para que la Escolta Legislativa le permita retirar un microondas, que no pertenecía a la Asamblea. El artefacto había sido comprado mediante una colecta de exfuncionarios para «calentar los almuerzos».
Cada comisión tiene dos días para la entrega de bienes. Este miércoles 31 de mayo fue el turno de la Comisión de Salud. Acudió el expresidente de esta mesa, Marcos Molina, al piso sexto del Palacio Legislativo.
Molina comentó que, además del mobiliario, se entregaron carpetas con casi 3 000 hojas sobre los proyectos de ley que quedaron en trámite, como la Ley del Deporte o de la atención en casos de diabetes, comunicaciones de médicos y del resto de la ciudadanía.
Para Diego Lucero, presidente de la Asociación de Servidores Legislativos (Asosel), la documentación que reposaba en las comisiones es lo más valioso que tiene el Parlamento, pues registra la «memoria histórica del país» en la construcción de leyes. Eso quedó inconcluso de manera súbita con la disolución de la Asamblea, el 17 de mayo.
Liquidaciones de exfuncionarios
En cuanto al cobro de liquidaciones, los exfuncionarios y exasambleístas todavía no tienen una fecha definida. Extraoficialmente se calcula que a cada exlegislador le corresponderá recibir alrededor de USD 4 000, en función de un cálculo que depende del proporcional del décimo tercero, décimo cuarto sueldo y las vacaciones.
El Ministerio de Finanzas indicó a EL COMERCIO que la administración de la Asamblea aún no ha remitido una solicitud de fondos para cumplir estos pagos. Los exfuncionarios temen que esto tome más de un año, como ya ha sucedido en otros casos.
«Hay varios requisitos que deben cumplir los funcionarios, por ejemplo, no tener conflictos en los registros de asistencias. También tenemos que entregar un informe de gestión desde la fecha que empezamos a trabajar y una declaración juramentada de bienes», anotó Torres.
Con la vigencia del Decreto Ejecutivo 741, en el Parlamento solo quedan 88 funcionarios que cuentan con nombramiento permanente, según registros de la Asociación de Servidores Legislativos (Asosel).
Los demás, 1 112 personas, entre los que se encuentran los 137 legisladores y 46 funcionarios que tenían contratos de libre remoción, serán liquidados y no tienen derecho a reclamar indemnizaciones.
