Estados de la ONU piden más recursos económicos para operaciones de paz

El número de cascos azules muertos en 2017 durante las misiones casi duplicó al de 2016; se pasó de 34 fallecidos a 59. La contribución de Estados Unidos no superará el 25% del presupuesto usado para las misiones. Distintos países unieron sus voces para hacer más efectivas las operaciones de paz de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y reducir el número de cascos azules muertos y los casos de abusos sexuales.

Estas medidas se toman en el marco del recorte de  aportación económica de parte de Estados Unidos. “Los cascos azules suelen estar mal equipados, mal preparados y no están listos para los ambientes peligrosos en los que operan. (…) Nuestros efectivos son vulnerables y un objetivo para los ataques”, reconoció el secretario general, António Guterres, durante el debate abierto del Consejo de Seguridad que se efectuó a mediados de semana. Guterres afirmó que a menudo las tropas de la ONU suelen adoptar una postura pasiva y “defensiva”, lo que permite que las fuerzas hostiles tengan tiempo para planear ataques contra ellas. El año pasado, el número de cascos azules muertos en misiones de paz casi duplicó el de 2016; se pasó de 34 fallecidos a 59, una cifra “inaceptable” para Guterres, quien anunció nuevas medidas, como mejorar el entrenamiento de los efectivos.

Asimismo, continuó, revisar los equipos médicos o el encargo de estudios independientes que evalúen las operaciones. Estos cambios se deberán llevar a cabo con un presupuesto más ajustado.

Estados Unidos anunció que reduciría su aportación a las misiones de paz, en línea de los recortes en política exterior propuestos por la Administración del presidente Donald Trump. “Estados Unidos ha sido, de lejos, el mayor contribuyente de las operaciones de paz de Naciones Unidas y ello no cambiará, pero el mantenimiento de la paz es una responsabilidad compartida (…) que debe comportar un coste compartido”, avisó la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley. Ella recordó que a partir de ahora la contribución de Washington no será mayor que el 25% y que espera que este “ajuste” se pueda llevar a cabo “de la manera más justa” posible.

El primer ministro holandés, Mark Rutte, que presidió el debate, puso énfasis en la importancia de tener “buena información” como la mejor estrategia para proteger a los cascos azules y los civiles. Rutte pidió a los Estados que compartan responsabilidades, y puso como ejemplo los helicópteros médicos que su país destinó en la ciudad de Gao, en Mali. “Después de que Holanda y más tarde Alemania suministrasen helicópteros en Gao (norte de Mali), Canadá anunció recientemente que tomará el testigo y eso es una muy buena noticia. Las estrategias de rotación (…) incrementan la sostenibilidad de las misiones y elevan mucho su calidad”, concluyó Rutte. Por su parte, el embajador de Perú ante la ONU, Gustavo Meza-Cuadra, insistió en que las operaciones de paz deben ir acompañadas siempre de un “proceso político real”. Meza-Cuadra agregó que este no debe dudar en aplicar sanciones y otras medidas de presión económica, pero que tampoco olvide la importancia de contar con interlocutores en el lugar de los conflictos.

En un tono muy diferente se pronunció el embajador de Rusia, Vasili Nebenzia, que pidió “prudencia” al Consejo de Seguridad a la hora de aprobar mandatos para que no se conviertan en una “rutina”. Nebenzia exigió “imparcialidad” a los efectivos de la ONU y les instó a mantenerse neutrales en cualquier conflicto por difícil que sea. Durante el último año se destaparon casos de abusos sexuales por parte de cascos azules, como en la República Centroafricana, donde la ONU retiró a los efectivos de la República del Congo destinados a ese país. Este grupo fue dado de baja después de que una exhaustiva investigación de la misma entidad determinara que las repetidas denuncias de abusos sexuales contra ellos mostraban un problema “sistémico”.

Los países de la FAO necesitan diálogo Los gobiernos deben abrirse a un diálogo con la sociedad si quieren avanzar en la realización del derecho a una alimentación adecuada, reconocido de forma explícita en las constituciones de 30 países, según la FAO. La experta de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Serena Pepino, indicó que los gobiernos necesitan darse cuenta de que ese trabajo “puede ser productivo y mejorar la seguridad alimentaria y nutricional”. En su opinión también hace falta convencer a otros actores para que se sienten en la mesa y construyan un diálogo a partir de un “lenguaje común” y del convencimiento de que se pueden lograr beneficios compartidos.

En 2004 los países miembros de la FAO aprobaron las directrices voluntarias para apoyar la progresiva realización del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional. Casi un centenar de países han integrado en su ordenamiento jurídico obligaciones internacionales relacionadas con el derecho a la alimentación. La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 lo reconoce dentro del derecho a tener un nivel de vida adecuado pero, al no ser un tratado, tuvieron que crearse dos pactos internacionales -en vigor desde 1976- que son vinculantes. De ellos, el relativo a los derechos económicos, sociales y culturales incluye el derecho a la alimentación y obliga a los Estados a adoptar medidas para su progresiva realización.

Fuente:  www.eltelegrafo.com.ec

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