El Estado ecuatoriano deberá afrontar un millonario pago a la petrolera Perenco tras un fallo emitido por un comité constituido bajo los auspicios del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial (Comité Ciadi).
Esta instancia rechazó el 28 de mayo pasado los intentos de Ecuador de anular un laudo que beneficia a la petrolera Perenco. La decisión fue notificada ya al Estado.
El Estado ecuatoriano y la petrolera mantenían un largo litigio judicial desde que se impuso la Ley 42, que aumentó la utilidad del Estado en los contratos de participación de Perenco en los Bloques 7 y 21.
Ese cambio se generó en el 2007 cuando se aumentó del 50% al 99% la participación del Estado en los excedentes petroleros.
Perenco había acusado a Ecuador de que se había violentado el Tratado Bilateral de Inversiones suscrito con Francia.
En el fallo se determinó que el Decreto Ejecutivo No. 662, del 4 de octubre de 2007, violó el Derecho Internacional Público en perjuicio de la petrolera Perenco.
Tras la última decisión de finales de mayo de este año, Perenco consideró que “ha obtenido una victoria sustancial y definitiva en su larga disputa contra la República de Ecuador”.
En septiembre de 2019, Perenco obtuvo un laudo final que reivindicó sus derechos al concederle una indemnización por sus reclamaciones principales más los intereses posteriores al laudo y casi el 80% de sus costas.
La petrolera aduce que Ecuador se comprometió a pagar el laudo a Perenco en un plazo de 60 días a partir de la decisión del comité Ciadi.
“Perenco espera que Ecuador cumpla con los solemnes compromisos que su Ministro de Economía y Finanzas y su Procurador General asumieron ante el Comité de Anulación del CIADI a pagar el laudo incondicionalmente, voluntariamente y en su totalidad, dentro de un plazo de 60 días”, indicó Mark W. Friedman, codirector del Grupo de Resolución de Disputas Internacionales de Debevoise & Plimpton y abogado principal de Perenco.
La petrolera consideró que cualquier incumplimiento “socavaría el compromiso de Ecuador de hacer crecer la economía ecuatoriana, atraer inversiones extranjeras, y proteger la capacidad crediticia de Ecuador en la comunidad internacional”.
El gobierno de Guillermo Lasso indicó que el mismo tribunal reconoció que el Estado ecuatoriano tiene derecho a ser indemnizado por daños ambientales causados por dicha empresa.
La cifra definitiva a pagar por parte del Estado en favor de Perenco es de $374′373.154,25, más intereses, luego de descontada la indemnización ambiental en favor del Ecuador. La pretensión original de Perenco ascendía a $1.420 millones.
Perenco estimó que la indemnización que debe recibir asciende a $412 millones.
“El Estado ecuatoriano respetará y honrará sus compromisos internacionales, a pesar de cualquier discrepancia jurídica que haya sido expresada en el proceso. Se mantendrá contacto con la compañía para encontrar alternativas de solución”, indicó el Gobierno..
También anunció que solicitará a las autoridades competentes el inicio de las acciones de repetición contra los servidores y autoridades públicas responsables.
