Alianza PAIS (AP) –con transferencias a su favor por $ 14,7 millones– es la tienda política que más dinero recibió del Estado entre 2010 y 2018 por concepto del Fondo Partidario Permanente (FPP).
Esta bolsa de dinero público, el FPP, se creó con la aprobación del Código de la Democracia en 2009 y debe destinarse, exclusivamente, al funcionamiento de las organizaciones y a financiar sus actividades de formación e investigación. Está prohibido su uso para proselitismo o campañas. El FPP debe constar en el Presupuesto General, en una partida equivalente al 0,3 por mil de los egresos fiscales. Se alimenta de las multas que recaude el CNE y de los aportes del Estado.
No todos los movimientos o partidos se benefician de este fondo. Para acceder, la ley les exige haber entregado anualmente sus informes financieros y cumplir con cuatro requisitos: haber obtenido al menos el 4% de los votos válidos en las dos últimas elecciones, tres representantes en la Asamblea, el 8% de alcaldes a nivel nacional o un concejal en cada uno del 10% de los cantones del país.
Según un informe del Consejo Nacional Electoral (CNE) al que tuvo acceso este Diario, además de Alianza PAIS, otras 12 organizaciones han recibido estas transferencias en los últimos nueve años (ver tabla).
El total del FPP distribuido entre 2010 y 2018 suma $ 52,5 millones. La asignación de 2019 está pendiente.
Varios reportes internos del CNE muestran que hay partidos y movimientos que han entregado su información financiera tarde e incompleta. O que cuando los responsables económicos cumplen, con frecuencia lo hacen sin apegarse a los formatos exigidos. Pese a ello, desde el 2010 el CNE –presidido por Omar Simon, Domingo Paredes, Juan Pablo Pozo y Nubia Villacís– ha aprobado las asignaciones del FPP.
La Contraloría ha hecho cuatro auditorías al uso del Fondo Partidario hasta 2016 por parte de AP, Sociedad Patriótica, Partido Social Cristiano, Izquierda Democrática, Prian, MPD y Pachakutik. El resultado: $ 4 millones en glosas y cinco informes con indicios penales remitidos a la Fiscalía.
Hasta allí, la información oficial revela que se encontraron no solo malos manejos de fondos públicos, sino delitos, como peculado, y que la autoridad electoral tiene filtros débiles para detectar el desvío de recursos públicos.
De hecho, en las bodegas del CNE, ubicadas en el norte de Quito, existen cientos de archivos apilados con recibos y supuestos respaldos. Una revisión breve de esos documentos permite observar que si bien estos cumplen con la formalidad exigida por el CNE (la entrega de recibos y formularios), no necesariamente son una prueba del destino final y real del dinero.
Ahora, tras el escándalo del caso Arroz Verde (que supone millonarios aportes ilegales a AP por parte de empresas y personas naturales), el contralor subrogante, Pablo Celi, decidió ampliar un examen especial al que, hasta hace unos días, solo le faltaba su visto bueno para ser subido al sitio web institucional.
Originalmente la orden fue emitida en diciembre del 2017 y su objetivo era auditar la asignación, administración y utilización del FPP por parte de Alianza PAIS entre enero de 2011 y noviembre de 2017. De sus resultados y recomendaciones hasta se hizo la lectura del informe borrador, con la respectiva notificación a los señalados por los auditores.
Pero debido “a la forma ligera” en que se habrían gastado los fondos públicos, Pablo Celi dispuso este lunes 13 de mayo que el examen se extienda hasta diciembre de 2018 y que, además, se incluya en la revisión al Fondo de Promoción Electoral, que es distinto e independiente del FPP y que se destina, únicamente, a propaganda en prensa, radio, televisión y vallas publicitarias.
Esto significaría que –según los datos del CNE– se auditarán $ 12,4 millonesdel Fondo Partidario asignados al movimiento oficialista entre el 2011 y 2017. En ese periodo han pasado por Alianza PAIS en calidad de secretarios –responsables del manejo financiero– Galo Mora, Doris Soliz y Gabriela Rivadeneira, afines al gobierno de Rafael Correa, y Ricardo Zambrano y Gustavo Baroja, bajo la administración de Lenín Moreno.
Baroja rechazó la insinuación de anomalías en su gestión y pidió que también se investigue al resto de organizaciones políticas.
