El secuestro de Fernando Balda en Bogotá, el 13 de agosto de 2012, duró menos de una hora, según testimonios recabados por la justicia colombiana, y tres años más tarde, sentenció a cinco personas. Pese a este proceso en Colombia y a las denuncias ante la Fiscalía ecuatoriana, entonces a cargo de Galo Chiriboga, el caso pasó inadvertido en Quito hasta que en enero de este año fue reabierto por el fiscal Carlos Baca.
Balda desde el principio insistió en que la autoría intelectual correspondía al presidente de ese tiempo, Rafael Correa.
En 2006 Balda era parte de Alianza PAIS. Tras desacuerdos se fue a Sociedad Patriótica y luego hizo su camino en la oposición más radical al correato. Eso le valió un juicio por injurias y huyó a Colombia.
Desde su residencia en Bogotá, desde el 2010, empezó a hacer contactos con políticos colombianos de derecha, cercanos a Álvaro Uribe, y mantuvo su relación con los opositores a Correa. A partir de entonces la Secretaría de Inteligencia(Senain) resolvió seguir sus pasos. Y, de acuerdo con los documentos y versiones del proceso, se le encargó esa tarea al agente de policía Raúl Chicaiza.
En su declaración a la Fiscalía, Chicaiza admitió que se infiltró en el círculo de Balda. El 9 de mayo de 2012, en una convención organizada por los partidarios de Uribe, en Medellín, se hizo pasar como representante de una organización no gubernamental y dueño de una empresa de seguridad. Se presentaron, conversaron y entablaron una relación de supuestas coincidencias políticas y eventuales negocios. Le mostró interés en equipos de espionaje electrónico que le ofreció Balda. Tuvieron conversaciones hasta el día del secuestro.
A la par, el agente necesitaba dinero. De acuerdo con los informes de la Senain y versiones en la Fiscalía, de la cuenta de la Dirección General de Inteligencia de la Policía, el 7 de junio se giraron dos cheques para las operaciones en Colombia por $ 10.000 y $ 11.280.
Fuente: eluniverso.com
