En 35 días o menos se definirá si la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori (PK), es removida del cargo, una vez que el Pleno conformó la comisión para investigarla por supuesto incumplimiento de funciones.
El plazo consta en la resolución aprobada con 81 votos la noche del martes, donde se impuso una mayoría compuesta por el correísmo (Unes), Partido Social Cristiano (PSC), independientes y legisladores expulsados por indisciplina de los bloques de Pachakutik (PK) y la Izquierda Democrática (ID).
Esa misma mayoría controlará la comisión. El oficialismo, quedó fuera de este proceso. Mientras, la cúpula de Pachakutik y la ID divulgaron comunicados en los que calificaron de viciada e ilegítima a la resolución del Pleno.
En representación del correísmo está Pamela Aguirre. Al encabezar la nómina, le corresponderá convocar a la primera sesión y es una de las opcionadas para presidirla.
Los autodenominados rebeldes de Pachakutik, que no respaldan a Llori y fueron expulsados del bloque, pidieron que Peter Calo integre la comisión. En representación de los independientes estará Jhon Vinueza, de Unión Ecuatoriana.
Por el PSC estará Pedro Zapata, quien no podrá encabezar la comisión porque la denuncia contra Llori la presentó el jefe de bloque, Esteban Torres. El legislador consideró que el informe podría estar listo en menos del tiempo previsto.
La ID aclaró que la inclusión de Lucía Placencia en esta comisión no fue con la autorización de la organización política y restó validez legal al procedimiento.
A la comisión le corresponderá sustanciar la denuncia que fue presentada por Torres, contra Llori, a quien acusó de incumplir funciones por dos causales: no haber dado paso a la apelación a la Presidencia por dos ocasiones en el Pleno y exceder los plazos legales para reinstalar las sesiones del Pleno.
Al cierre de esta nota estaba prevista una sesión informal de los comisionados. Pero Aguirre despertó una polémica al asegurar que la denuncia es en contra de todas las autoridades del Consejo de Administración de la Legislatura (CAL).
“No saben ni dónde están parados y cuáles son sus responsabilidades. Ni siquiera leyeron la resolución por la cual pusieron su nombre ayer (martes)”, increpó Juan F. Flores, del bloque oficialista.
Mientras, Llori presentó una nueva denuncia en la Fiscalía.
El coordinador jurídico del Parlamento, Santiago Salazar, adujo que el Pleno no podía conocer ni tratar ni resolver sobre esta comisión porque estaban vigentes unas medidas cautelares obtenidas por Llori el 5 de abril en el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha.
Salazar explicó que la Fiscalía deberá investigar si se cometió el presunto delito del incumplimiento de decisiones de autoridad competente. Según el art. 282 del Código Orgánico Integral Penal (Coip), esto se sanciona con una pena de dos a tres años de cárcel.
Llori remitió esta denuncia a las 16:00 del martes, a la misma hora que el Pleno fue convocado a sesión, en la que Marcela Holguín, de Unes, pidió cambiar el orden del día para integrar la comisión, lo que aprobaron 93 asambleístas.
Arrogación de funciones
A las 14:30 de ayer, Virgilio Saquicela (Ind.), primer vicepresidente, Esteban Torres y otros asambleístas debían ir a la Unidad de la Familia, de La Mariscal, para la audiencia por la acción de protección presentada por Llori.
Ambos señalaron que defenderán la resolución con la cual una mayoría del CAL calificó la denuncia presentada por el legislador Torres para que Llori sea investigada por incumplir funciones.
Salazar, por su lado, advirtió que esperan que la jueza “emita una sentencia a favor de la Presidenta cuya reparación integral sería dejar sin efecto esas decisiones del CAL. En el caso de que eso suceda también la sesión de ayer del Pleno sería nula”, aseveró.
