Matan a Karina García Sierra junto a su madre, un aspirante al Concejo y tres acompañantes tras celebrar actos electorales en distintas zonas del país.
Nadie podía faltar. Era una cita obligada. El comandante apodado «Alonso» convocó a los candidatos para que expusieran sus programas de gobierno. Una vez escuchó las propuestas, desgranó las condiciones de las disidencias de las FARC-EP para permitirles hacer proselitismo político en un municipio controlado por ellos: aporte de 30 millones de pesos (unos 8.000 euros). No subir a la cordillera con escoltas armados ni con las ventadas de los vehículos tintadas. Bajarlas siempre y si alguien se desplaza en moto, fuera los cascos para identificar fácil a todo el mundo. Y nada de promesas «incumplibles» ni compra de votos.
Karina García, 32 años, del Partido Liberal y la única mujer que aspiraba al ayuntamiento de Suárez, en el norte del departamento del Cauca, al oeste de Colombia, pidió permiso para utilizar el vehículo que le había asignado la Unidad Nacional de Protección. «Es blindado y los vidrios solo bajan un poco», explicó. También, que pudieran acompañarle sus dos guardaespaldas, aunque fueran desarmados. Y, en privado, logró que le rebajaran a la mitad la exigencia económica.
«Hagan campaña sin problemas», concluyó alias «Alonso» en el encuentro que tuvo lugar a primeros de agosto. A los pocos días, los guerrilleros comenzaron a pintar de negro los afiches con el rostro de Karina y en una ocasión, cuatro subversivos, armados de fusiles, advirtieron a dos de su equipo que no pegaran más carteles y quitaran los que había. Pero no se amedrentó y continuó sus correrías, deseosa de convertirse en la primera mujer que gobernara su municipio.
Pensaba que más que la guerrilla, uno de sus rivales era quien azuzaba la peligrosa campaña de desprestigio. En un pueblo cocalero y de minería informal, controlado por las disidencias del Sexto Frente y la columna móvil Jaime Martínez de las FARC-EP, afirmaron que si ganaba Karina, erradicaría los cultivos de coca y atraería a multinacionales mineras y a los paramilitares.
Alarmada por mensajes que ponían en riesgo su vida, emitió dos vídeos en redes sociales y denunció lo sucedido en un Comité de seguimiento electoral, en Suárez. «Dijo llorando: Soy hija, esposa y mamá. Tengo un hijo de tres años, no me hagan matar», rememora Marly Janneth Sánchez, su amiga y candidata al Concejo municipal.
A los tres días, Karina moría asesinada junto a su madre, un candidato al Concejo y tres acompañantes tras celebrar actos electorales en distintos caseríos. El único escolta que iba logró escapar herido de un ataque con fusiles y granadas. El todoterreno ardió por completo y los cuerpos quedaron calcinados.
La Fiscalía investiga los hechos y si bien el Ejército dio de baja a «Alonso» y nadie pone en duda la autoría de las FARC, el pueblo exige llegar hasta el fondo para despejar dudas acerca del cerebro de la masacre.
Con esa matanza, son ya siete los candidatos asesinados desde que el pasado 27 de julio se cerraron las inscripciones de cara a los comicios locales y regionales del 27 de octubre. El último, ocurrió el pasado domingo, en un caserío de Tibú, departamento de Norte de Santander. Un hombre disparó a Bernardo Betancurt, aspirante a la alcaldía por el Partido Conservador.
Además de las muertes, 50 han recibido amenazas, seis sufrieron atentados y a dos les secuestraron, según la MOE (Misión de Observación Electoral), en el conteo cerrado a 20 de septiembre y que no incluyen a las víctimas colaterales, como la madre de Karina o los integrantes de su equipo.
«Si la tendencia sigue, porque están matando un candidato por semana, mientras que en las elecciones de 2015, fueron cinco en todo el periodo», indica a EL MUNDO, Ángela Gómez, investigadora de la MOE. «Hay intereses políticos que instigan la violencia y amenazas colectivas por medio de panfletos que coartan a candidatos y a sus seguidores. Aunque los firmen grupos armados que no existan, generan temor».
Entre los falsos, cabe señalar a las Águilas Negras, quizá la rúbrica más utilizada, y el Cártel de Sinaloa. De los auténticos, el Centro Democrático es objetivo de las disidencias de las FARC, como confirmó a este diario uno de sus integrantes. También las Autodefensas Gaitanistas pretenden jugar sus cartas. En el sur de Bolívar exigen a los candidatos no interferir en sus negocios ilícitos y comprometerse a entregar entre el 10 y el 20% de los contratos quien venza.
El ELN, por su parte, en Arauca, departamento limítrofe con Venezuela, advirtió a determinados postulantes, como Leila Ardila, que no hagan campaña. Y en Chocó mantiene secuestrado, desde el 24 de agosto, a Tulio Mosquera, que intenta repetir alcaldía en Alto Baudó, y a doce acompañantes. Seis días más tarde liberaron a todos menos a Mosquera. Su familia indicó a EL MUNDO que desconocen las pretensiones de la guerrilla.
Para contrarrestar la oleada de crímenes y amenazas, el gobierno ha desplegado un operativo en las áreas más complejas. Pero será difícil proteger a cientos de aspirantes en territorios donde las bandas criminales son la verdadera ley.
