La activista Seimar Lizcano se ha puesto una franela estampada con los nombres de Fabricio Ojeda (1966), Jorge Rodríguez (1976) y Fernando Albán (2018). “Todos fueron asesinados por el terrorismo de Estado. Al concejal Albán lo mataron quienes pedían justicia por las muertes de políticos en las décadas de los 60 y 70 en Venezuela. Hoy, buscamos justicia y estamos varados”, dice. Sentada cerca de una lápida del capitalino cementerio del Este, Lizcano ha asistido al entierro de Albán, un opositor casi desconocido en la revoltosa política venezolana que cobró popularidad el lunes, después de que dos voceros del Gobierno de Nicolás Maduro aseguraran se suicidó en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) solo dos días después de ser detenido en el aeropuerto Simón Bolívar por su presunta participación en el atentado contra Maduro el pasado 4 de agosto. La oposición y la comunidad internacional cuestionaron desde un primer momento la versión oficial.
Buena parte de la oposición al régimen de Maduro acudió al entierro del político al grito de «justicia». La procesión empujó a la oposición venezolana a las calles tras más de un año apaciguada. Diplomáticos, diputados, ex presos políticos, líderes del movimiento estudiantil, antiguos voceros de la alianza Mesa Unidad Democrática (MUD) y dirigentes de una oposición minimizada por los desacuerdos, los encarcelamientos y el exilio se encontraron en una misa oficiada por el cardenal Jorge Urosa en la Universidad Central de Venezuela, en Caracas. También en una caminata que concluyó en el camposanto.
La marcha discurrió entre rezos y gritos de “¡Maduro, asesino!”. Muchos ciudadanos se unieron a medida que avanzaban. Era el caso de Marlene Barrios, una jubilada de 80 años: “Esto tiene que acabar. Solo es comparable con la dictadura de Marcos Pérez Jiménez [a mediados del siglo pasado] y ya la ha superado por la miseria que ha generado Maduro”, dice. No conoció a Albán, pero cuando supo la noticia de su muerte estalló en llantos.
Muchos opositores piensan que la muerte del concejal puede resucitar el fantasma de las protestas antigubernamentales. “Solo la calle puede propiciar el quiebre que nos lleve a unas elecciones. Como líderes no fuimos capaces de movilizar a la gente a votar, que era una vía que no se podía abandonar”, apunta Renzo Prieto, diputado en la Asamblea Nacional que salió este año de las celdas del Sebin tras cuatro años arrestado. Para él, la detención arbitraria del parlamentario Juan Requesens, apresado por su presunta participación en el atentado con drones, y ahora la muerte de Albán, culpado de lo mismo, son motivos para que la oposición vuelva a confluir.
Pocos creen que se haga justicia, aunque opinan que es necesario no doblegar. Manuel Bolívar, también congresista, duda que haya una investigación limpia durante el Gobierno de Maduro: “No hay que desvanecer por eso”.
“Muestren vídeos”
La indignación por la muerte del opositor se ha estrellado con el silencio gubernamental. El ministro Néstor Reverol y Tarek William Saab, el fiscal designado por el Parlamento paralelo de Maduro, han ofrecido versiones con inconsistencias sobre lo ocurrido. La última declaración de Saab coincidió en tiempo con la marcha fúnebre del concejal: “Albán terminó de comer y abruptamente se paró y pidió un baño. Aprovecha esa circunstancia y corre hacia una ventana panorámica que estaba en el pasillo del piso 10 del Sebin y se lanzó. Aquí nunca se dijo que se lanzó del baño”, dijo el fiscal.
Saab respaldó la versión del suicidio: “Las fracturas en su cuerpo producto de la caída presentaron reacción vital, lo cual es determinante para establecer que la víctima al momento del impacto se encontraba con vida. Eso de que lo ahogaron y cayó muerto es una mentira, no lo podrán demostrar”. Según el fiscal, un traumatismo cráneo encefálico severo, shock hipovolémico y traumatismo pélvico y de extremidades por caída de altura generaron la muerte. El Ministerio Público ahora analiza 1.272 audios de WhatsApp y Telegram intercambiados por el opositor fallecido.
José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno español y mediador en los infructuosos diálogos en Venezuela, pidió esperar los resultados de las averiguaciones de la fiscalía y rechazó una posible investigación “externa e independiente” sobre la muerte del concejal, como piden la Unión Europea y Naciones Unidas. “Todos deberíamos tener la prudencia de esperar a las propias conclusiones de la Fiscalía de Venezuela que lógicamente deben tener un sustento objetivo, contrastable y razonable. Lo lógico es que se vaya por el orden natural y se respete el esquema institucional de un país” y que luego “esa investigación sea evaluada en su caso”, apuntó.
Pero Joel García, el abogado de Albán, insiste en cuestionar la versión oficial. “Las instalaciones del Sebin están resguardadas por un circuito cerrado de cámaras, así que el momento en que murió el concejal debió quedar grabado… Muestren vídeos, pruebas, del momento en que supuestamente se suicidó”, instó. García no acepta los argumentos de la Fiscalía, que ve parciales. La última vez que estuvo con su cliente, rememora, notó que estaba demacrado y con los ojos enrojecidos. “Le pregunté si lo habían torturado y me dijo que no. Pero me dijo que lo presionaron para que incriminara a Julio Borges en el atentado. Fue grabado como lo hicieron con otros presuntos involucrados en el atentado”. Borges, expresidente del Parlamento, es el principal sospechoso a ojos de Maduro del atentado con drones. En el exilio, el opositor ha negado cualquier participación.
Las averiguaciones están en las manos del fiscal Saab. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa alertaba en sus redes sociales que existían planes del Sebin de intimidar a reporteros por sus trabajos vinculados al caso.
