El pedido para que la Comisión de Fiscalización aprobara el informe que no recomendaba el juicio político contra el presidente, Guillermo Lasso, alcanzó cuatro votos a favor y cinco en contra. La sesión terminó entre gritos y reclamos de la oposición este sábado 6 de mayo del 2023.
La moción de la oficialista Ana Belén Cordero solo tuvo el respaldo de sus coidearios Pedro Velasco y Marco Troya, y del independiente Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión.
Se necesitaban, al menos, cinco votos para aprobar el documento de casi 300 páginas que fue elaborado por asesores de la mesa. Allí se incluyó el análisis de más de 100 pruebas de cargo y de descargo presentadas durante 30 días.
Los delegados del corrreísmo Roberto Cuero, Gabriela Molina, Comps Córdova, el socialcristiano Pablo Muentes, y Bruno Segovia, exintegrante de Pachakutik, votaron en contra. A pesar de que el texto no era vinculante para el Pleno, donde una posible censura y destitución de Lasso dependerá de 92 votos.
Villavicencio clausuró la sesión apenas se proclamaron los resultados, lo que originó reclamos de los opositores que intentaron modificar el proyecto del informe. Córdova intentó presentar una moción para que se incluyeran algunas observaciones, pero el presidente de Fiscalización no dio paso.
La vicepresidenta Cordero anunció que el documento no aprobado será remitido al presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela (ind.), para que convoque a sesión del Pleno, en donde finalmente se decidirá si se llama o no a la interpelación del mandatario.
Sin dar lugar a maniobras de la oposición, Cordero presentó la moción apenas se abrió el debate sobre el proyecto de informe, cuya lectura tomó cuatro horas. El debate no tomó más de una hora: intervinieron todos menos el delegado del PSC.
Debate
La legisladora argumentó que en la fase de pruebas los proponentes del juicio político no lograron demostrar que Lasso incurrió en peculado (o malversación de fondos) en un contrato de la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) con Amazonas Tankers.
Cordero responsabilizó a la oposición liderada por el correísmo y el PSC de haber “engañado” a la Corte Constitucional, que emitió un dictamen para el trámite de esta causa por “mínima verosimilitud”.
Señaló que esta acusación constitucional se basa en un contrato que fue firmado en 2018, durante el gobierno de Lenín Moreno, y que en la administración de Lasso no se firmó uno nuevo, aunque la oposición fustiga al mandatario por no haberlo terminado.
«Al no haber existido peculado ni un nexo causal por parte de funcionarios de Flopec , mucho menos del Presidente de la República, es por ello que este informe no recomienda enjuiciar políticamente al Primer Mandatario», remarcó.
Sin embargo, los asambleístas del correísmo remarcaron que esta causa no se trata de un juicio penal, sino de establecer responsabilidades políticas contra el Primer Mandatario. «Nosotros no estamos en capacidad de hacer un asunto probatorio de peculado», sostuvo Roberto Cuero.
Los opositores fustigaron un pronunciamiento del Procurador General del Estado, en el sentido de que no se podía entregar un informe de minoría (o alternativo) en esta causa. Viviana Veloz, asambleísta proponente del juicio político contra Lasso, advirtió que esto podría dar lugar a un proceso de interpelación contra el mandatario.
El correísmo desconoció la validez del pronunciamiento, dijo que no es vinculante, incluso, trataron de plantear que se cambiara el orden del día para aprobar el nuevo texto, a lo que no dio paso el titular de la Comisión.
El informe no aprobado será remitido al Pleno, en dónde recae la responsabilidad sobre una posible censura y destitución de Lasso.
