El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, presentó este martes una solicitud al Tribunal Supremo de Justicia para que, como parte de una investigación preliminar, impida la salida del país al diputado Juan Guaidó, jefe de la Asamblea Nacional, que anunció el pasado 23 de enero que asumía el cargo de presidente interino.

Después de días de indecisión por parte del Gobierno de Nicolás Maduro ante la ofensiva de la oposición —el líder chavista solo había dicho que iba a poner todo en manos de la justicia — Saab compareció este martes para tratar de frenar el plan de Guaidó. El fiscal, aliado del chavismo, ha pedido al Supremo, también aliado del régimen, que prohíba salir del país a Guaidó, así como hacer transacciones de bienes y que se le bloqueen sus cuentas bancarias.

“La única respuesta es represión y persecución”, ha contestado Guaidó tras conocerse la nueva arremetida del régimen. “Vemos con mucho dolor cómo casi 40 venezolanos han sido asesinados en menos de una semana, niños secuestrados por una dictadura que no entiende que su tiempo ha terminado”, ha agregado.

Saab, ha anunciado la apertura de una investigación preliminar contra Juan Guaidó por autoproclamarse «presidente encargado» del país.

Saab ha explicado en rueda de prensa que desde el 23 de enero, cuando Guaidó se declaró mandatario interino, «se han suscitado hechos violentos, pronunciamientos de gobiernos extranjeros y el congelamiento de activos de la República, lo que implicaría la comisión de delitos graves que atentan contra el orden constitucional».

Por todo ello, ha decidido abrir una investigación preliminar contra Guaidó y, para asegurarla, ha solicitado al Supremo que apruebe tres medidas cautelares: prohibición de salida del país, bloqueo de activos y enajenación de bienes.

Las medidas cautelares no incluyen su detención, algo con lo que el propio Guaidó ha especulado en los últimos días. El también opositor Leopoldo López fue arrestado y condenado a casi 14 años de prisión por incitar a la violencia durante las revueltas contra el Gobierno que encabezó en 2014.

Guaidó se autoproclamó «presidente encargado» en respuesta a la decisión de Maduro de iniciar el 10 de enero un segundo mandato que ni la oposición venezolana ni gran parte de la comunidad internacional reconocen porque consideran que se basa en unas elecciones presidenciales, las del 20 de mayo, no democráticas.

El jefe del Parlamento ha fijado como hoja de ruta cesar la «usurpación del poder» y crear un gobierno de transición que conduzca a la celebración de unas elecciones «libres». Estados Unidos, Canadá y la mayoría de los países de la región le han reconocido como «presidente encargado» y le han ofrecido su apoyo en esta «transición democrática».